Hacia la banda ancha universal
La ley establece que el 'acceso funcional a internet' forma parte del servicio universal. Es decir, que todos los ciudadanos tienen derecho a recibirlo. Y Telefónica ha hecho un importante esfuerzo para sustituir las antiguas líneas rurales de acceso celular por tecnologías que permitan el acceso a la red. Sin embargo, la lógica del mercado hace que las grandes urbes, con alta densidad demográfica, resulten mucho más rentables comercialmente que los pequeños municipios aislados o, incluso, las urbanizaciones de nueva construcción a las afueras de grandes ciudades.
El resultado es que el país está repartido entre ciudadanos de primera y de segunda división en materia de acceso a internet. A finales de 2003, más de 6.000 poblaciones carecían de acceso por banda ancha. Miles de municipios tienen que conformarse con conexiones de poca capacidad, que se ajustan a la letra de la ley ('acceso funcional a internet'), pero apenas resultan operativos. Y quienes sí tienen acceso rápido a la red siguen pagando tarifas muy superiores a las que hay en Alemania o Francia.
Ante esta circunstancia, algunas comunidades autónomas y municipios han puesto en marcha sus propias redes para ofrecer banda ancha como un 'servicio público universal'. Esta política ha sido contestada por algunos pequeños operadores locales, que disputan, sobre todo, la oferta del servicio con carácter gratuito. Y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CMT) ha dictaminado que esta práctica 'podría producir distorsiones a la libre competencia'.
Hace bien la CMT en precisar el peligro. Esas distorsiones, inapreciables cuando se trata de localidades con varios centenares de habitantes, pueden convertirse en un conflicto importante si de lo que hablamos es de capitales como Barcelona (que también prepara su propia red). Pero si de verdad queremos desarrollar la sociedad de la información, es preciso incluir la banda ancha en el servicio universal. Y aclarar de una vez por todas quién debe financiarlo.