Las Administraciones se lanzan a crear sus redes
Ayuntamientos y comunidades autónomas tienen un conflicto con la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). En España la tecnología ADSL aún no ha alcanzado al 69% de los municipios, por lo que las Administraciones más cercanas al ciudadano trabajan en el despliegue de infraestructuras que les garanticen la conexión de banda ancha a internet.
El hecho es que en algunos lugares se pretende que el servicio sea gratuito, y por ahí no pasa la CMT. Cataluña y Castilla-La Mancha han lanzado proyectos y decenas de municipios de toda la geografía española van por el mismo camino. A los que han hablado de acceso gratis les ha parado los pies la CMT, que sostiene que no pueden responder con fondos públicos.
Las conexiones convencionales no son suficientes, el 'servicio básico' de acceso debería ser de banda ancha (256 kbps) y estar disponible para cualquier ciudadano, señalan algunos políticos. Pero la Ley General de Telecomunicaciones sólo obliga a Telefónica a dar, desde 2003 y hasta 2005, 'acceso funcional a internet'. Este es un concepto lo 'suficientemente ambiguo como para que cada uno haga una interpretación a su manera', señala una fuente del sector, y para que el acceso universal obligatorio se quede en 56 Kbps. 'Desde el año pasado ofrecemos acceso universal, pero la banda ancha no está entre las obligaciones de la ley', señalan en Telefónica.
'Tenemos que ser un poco más activos y no dejarlo todo en manos del mercado', dice Oriol Ferrán desde la Generalitat de Cataluña
A finales de 2003 más de 6.000 poblaciones carecían de banda ancha, según un informe de Red.es. Desde enero Telefónica dispone de un servicio de satélite que ofrece ADSL en todo el territorio por 45 euros al mes, pero requiere un desembolso inicial de 642 euros.
Un usuario español paga 45 euros mensuales por una conexión de 256 kbps, mientras en Francia una conexión de este tipo cuesta 14,90 euros, lo mismo que paga un alemán por un mega. 'El modelo de liberalización de la comunicaciones no es eficaz para favorecer la competencia y el acceso a la banda ancha', critica Jordi Pericás, director general de Localret, un consorcio de 800 municipios catalanes que participa en el proyecto de Cataluña Internet Rural.
La Generalitat ha invertido 12,5 millones en este plan, con el que pretende llegar a más de tres centenares de núcleos de población sin ADSL usando tecnologías de radio (LMDS), wi-fi y vía satélite. 'Tenemos que ser un poco más activos y no dejarlo todo al mercado', explica Oriol Ferrán, secretario para la Sociedad de la Información de la Generalitat. Para el próximo plan de infraestructuras se considera la posibilidad de promover 'el desarrollo de una red mixta, que aglutine redes públicas y pequeñas redes privadas, que permita generar mayor competencia y acabar con la posibilidad de que haya un operador dominante' explica Ferrán.
Algunos municipios se han embarcado en modestos proyectos que intentan dar como un 'servicio público básico' el acceso a la banda ancha mediante redes inalámbricas wi-fi, aunque existan ya otros proveedores. Este es el caso de las poblaciones gerundenses de Cassà de la Selva, Flaça, Sant Jordi del Vals, Ponteareas en Pontevedra, Atarfe en Granada o Burjassot en Valencia.
Y a los que han comenzado dando gratis el acceso a internet, la CMT les ha advertido que 'podría, a priori, producir distorsiones a la libre competencia en el servicio de acceso a internet', señala el organismo en los expedientes abiertos contra el Ayuntamiento de Atarfe, en Granada, y de Ponteareas, en Pontevedra. 'El ADSL es un servicio básico que debería ser público', señala Antonio Rojo, concejal de nuevas tecnologías en Atarfe, 'tiene que haber un margen para que participen las instituciones públicas'. Algunos pueblos se lo están pensado dos veces antes de lanzar proyectos de este tipo y las consultas a la CMT se han multiplicado.
Y aunque estos municipios compran el ancho de banda a los proveedores de acceso tradicionales, a estos no les salen las cuentas. En Cassà de la Selva dan provisionalmente gratis el acceso a internet. El ayuntamiento gasta unos 150 euros al mes en una conexión de 2 megas que reparte entre 275 familias a 128 kbps cada una. Hay suficiente porque no todas se conectan al mismo tiempo. La inversión inicial ha sido inferior a 30.000 euros.
'Lo que hay detrás de esto es una preocupación social y política', señala Sergi Baulida, concejal de Cassà, 'lo llamamos internet social'. Su intención es cobrar entre 3 y 12 euros en 2005, tarifas que están por debajo de los casi 45 euros mensuales que cobran las operadoras por el ADSL.
El modelo está en EE UU
Los ayuntamientos españoles no son los primeros en decidir montar sus propias infraestructuras de comunicaciones. Quizá el caso más claro de desarrollo y las localidades pioneras se encuentran en EE UU. En el país norteamericano más de 571 empresas municipales ofrecían diferentes servicios de telecomunicaciones (alquiler de fibra óptica, acceso de internet, televisión por cable) a finales del año pasado, según un informe de la American Public Power Association.En España, el Ayuntamiento de Barcelona va a construir su propia infraestructura de comunicaciones en la remodelación urbana que planea para los próximo años del distrito del Poblenou, dentro de su proyecto 22@.
600 pueblos sin ADSL
De los 919 municipios que tiene Castilla-La Mancha 600 carecen de conexión ADSL. Por eso la Junta ha tomado cartas en el asunto. El proyecto Nerpiosat, similar al Internet Rural de Cataluña, pretende llevar en los próximos tres años la banda ancha a todos ellos.En este caso, han recurrido a tecnologías wi-fi, PLC (conexión a través de la línea eléctrica) y satélite. La condición a los proveedores es que los precios sean similares a los del mercado y hasta ahora han conectado a 150 pueblos. El director general para la Sociedad de la Información de la Junta, Rafael Ariza, cree que la inclusión del concepto de banda ancha como servicio universal dentro de la Ley General de Telecomunicaciones aceleraría su difusión.