Kioto

El Gobierno y el PSOE pedirán juntos un aplazamiento del plan de emisiones

Todo está preparado en la Comisión Europea para recibir las propuestas que los países de la UE deben presentar pasado mañana para otorgar derechos de emisión de C02 a las empresas afectadas por la directiva que da cumplimiento al Protocolo de Kioto. A la vista de la información de la que dispone, la CE prevé que la mayor parte de los países presenten dentro del plazo establecido sus correspondientes planes de asignación.

España no estará entre ellos, si bien, el Gobierno en funciones está negociando con el futuro Ejecutivo del PSOE 'una propuesta consensuada' para presentarla a Bruselas, asegura la portavoz socialista de Medio Ambiente en el Congreso, Cristina Narbona. La intención es solicitar, tal como aseguró tras la victoria electoral de su partido, el aplazamiento de unos meses para poder elaborar un plan de asignación también consensuado con los sectores afectados.

Narbona reconoce que ha mantenido conversaciones con el secretario de Estado de Energía, José Folgado, y que éste le ha remitido la información que había recabado entre enero y febrero de los sectores afectados. Ante la reciente amenaza de Bruselas de abrir un expediente a España y a los países que no cumplan el plazo, la portavoz socialista asegura que 'la normativa debe cumplirse en tiempo y forma', y recuerda que España ya tiene abierto un expediente por no haber adoptado la directiva de comercio de emisiones antes del 31 de diciembre.

Narbona reconoce 'que existe un retraso que habrá que recuperar', y añade 'que la Comisión conoce la situación de España y las circunstancias que han provocado el retraso'. Del trabajo realizado por el equipo saliente para elaborar el plan de asignación, indica que 'faltan partes importantes, como elevar a audiencia a las partes afectadas'.

Sin decidir

La CE insiste en que el plazo expira el 31 y considera que 'todo el mundo está haciendo grandes esfuerzos para cumplirlo'. Todos los países de la UE, salvo España, han publicado ya su plan de reparto de emisiones o tienen previsto hacerlo este mes. Incluso algunos de los países candidatos, que ingresarán el 1 de mayo, ya lo han hecho (Letonia) o tienen previsto hacerlo en los próximos días (Polonia), pese a que tienen de plazo hasta ese mismo día.

En los cuadros que maneja Bruselas, la casilla española reservada a la fecha prevista de publicación del primer borrador es la única en la que figura: 'todavía sin decidir'.

El Consejo Europeo celebrado el viernes también abordó el cumplimiento del Protocolo de Kioto y su posible seguimiento más allá del año 2008, informa Erik Struyf. Las negociaciones sobre el modo de enfrentar el cambio climático a partir de 2012, que para países como Reino Unido se debe cristalizar en objetivos concretos y no simplemente en estrategias, como pretende España, quedaron en posición de equilibrio dado que el Consejo decidió encargar a la Comisión un estudio de costes y beneficios que tome en cuenta tanto consideraciones medioambientales como de competitividad.

Un 95% de derechos gratis hasta 2007

Al margen de que se apruebe o no el Protocolo de Kioto, la UE se ha comprometido a reducir globalmente las emisiones de C02 que, en el caso de España, se traduce, en un aumento del 15% en 2012 respecto a los niveles de 1990. Esto se plasmó en una directiva de octubre de 2003 en la que se establecían las bases para la creación de un mercado europeo de emisiones, que afectará a 12.000 instalaciones en toda Europa de los sectores energético, siderúrgico, cementero, azulejero y química básica.

En el periodo considerado de prueba, de 2005 a 2007, se otorgarán gratuitamente el 95% de los derechos y entre 2008 y 2012, al menos, el 90%. El exceso sobre esos derechos se penalizará con una sanción, que está por determinar.

Según la directiva, cada país tendrá elaborar un plan nacional de asignación, que deberá ser sometido a escrutinio público y recibir el visto bueno de la Comisión Europea. æpermil;sta ha asegurado que no consentirá que los Estados otorguen derechos gratuitos, que podrían tener la consideración de ayuda encubierta a sus empresas nacionales.