Honorabilidad en cuestión
El Gobierno recurrió ayer a una medida sin precedentes para demostrar 'su inocencia y honorabilidad' en la gestión de la crisis desatada por los atentados del 11-M. El Ejecutivo saliente desclasificó e hizo públicos documentos confidenciales del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la policía que, en su opinión, demuestran que no hubo utilización sesgada de la información sobre los ataques. Crítica que le han dirigido desde nuestros principales socios europeos -preocupados porque la lentitud en difundir la 'pista islámica' retrasó la adopción de medidas adicionales de seguridad en sus países-, hasta el vicesecretario de Estado de EE UU, Richard Armitage, quien achacó la derrota electoral del PP a que el Gobierno 'no ofreció la información de la que disponía' tras los atentados.
Los datos ofrecidos ayer indican, entre otras cosas, que el Ejecutivo tardó casi nueve horas en hacer público el descubrimiento de la furgoneta en la que se encontraron detonadores y una cinta con frases del Corán. Horas durante las cuales el Ministerio de Exteriores envió telegramas a las principales delegaciones extranjeras 'confirmando' la autoría de ETA mientras el presidente, José María Aznar, hacía otro tanto llamando personalmente a los directores de los principales diarios del país.
La desclasificación hecha ayer es sólo parcial. Pero basta para confirmar la sospecha de que el Ejecutivo mantuvo públicamente la hipótesis de ETA como única opción, mucho después de que tuviese pistas que apuntaban hacia 'otra línea de investigación', tanto ante los ciudadanos españoles como ante los principales aliados de nuestro país. Una actuación que probablemente se conocerá con más detalle si finalmente se crea una comisión de investigación sobre los hechos y que, se mire como se mire, demuestra poca 'honorabilidad'.