El Gobierno pone la 'acción de oro' en libertad vigilada

El 13 de mayo del pasado año los temores del Gobierno se hicieron realidad. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España por ir mucho más allá de lo comunitariamente permitido en materia de control y blindaje del capital de las empresas privatizadas. Escarmentado por la reprimenda pública y por lo que podía convertirse nada menos que en una multa diaria, el Ejecutivo nacional decidió revisar la regulación de la ya famosa acción de oro y flexibilizarla. El objetivo confeso de las modificaciones era doble: cumplir la legislación europea, pero sin desproteger los intereses españoles, en palabras de Rodrigo Rato, ministro de Economía.

El resultado se publicó en el BOE del 31 de diciembre último como disposición adicional vigésima quinta de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2004. Y los dos objetivos perseguidos son claramente patentes. Es cierto que el Gobierno ha introducido nuevas libertades para las compañías sometidas a la acción de oro, pero también lo es que mantiene buena parte del control. Porque las empresas privatizadas se cuentan entre las más grandes de la representación corporativa española y no sólo por tamaño. Telefónica, Telefónica Móviles, Repsol, Endesa, Iberia e Indra copan tanto las clasificaciones financieras como los sectores más estratégicos.

La modificación principal es la que convierte de manera genérica la autorización administrativa previa en una notificación. El problema es que las diferencias son pocas. Con la antigua ley de 1995 todo acto que entrara en el campo regulado debía atenerse al visto bueno del Gobierno. Ahora, primero hay que comunicarlo y el Ejecutivo tiene exactamente los mismos plazos que antes para oponerse y con los mismos efectos. Mientras tanto, la eficacia de los actos o la operación realizada queda suspendida. Y si el Gobierno no está de acuerdo, el resultado es contundente. Los actos y acuerdos decididos sin el plácet gubernamental no tienen efecto alguno y las tomas de participaciones pierden sus derechos políticos en la parte que no esté acordada.

El Ejecutivo ha liberalizado la toma de participaciones financieras en todas las compañías, menos en Repsol

La cuestión está en el mercado nacional

Más que la diferencia entre la autorización previa y la notificación, lo que más ha variado es el ámbito de aplicación de la acción de oro y los argumentos que puede utilizar el Gobierno para oponerse a una transacción.

Para empezar, el control del Gobierno ya no es internacional; se circunscribe al ámbito nacional y a los efectos que sobre el mercado español pueda tener la operación en cuestión. Así, la segunda mitad de Repsol -YPF- queda libre en todas sus decisiones, al igual que, por ejemplo, las filiales latinoamericanas de Telefónica.

Las compañías privatizadas también tienen libertad para disolverse, escindirse o fusionarse. Basta con una comunicación. Y han ganado, asimismo, cierta flexibilidad en la venta de sus activos o filiales, por lo menos en el caso de Telefónica. El ex monopolio de telecomunicaciones puede disponer a su antojo del capital de sus dos grandes filiales -Móviles y telefonía fija en España- siempre que no pierda el control.

Esta flexibilidad, sin embargo, no se ha hecho extensiva a sus compañeras de privatización, aunque también es cierto que ninguna de ellas tiene filiales cotizadas.

Una primera conclusión de la nueva normativa de la acción de oro, por tanto, permite aventurar que las empresas privatizadas tienen mucha más libertad que antes para hacer lo que ellas voluntariamente desean. Ahora bien, ¿qué sucede con las entradas u operaciones indeseadas?

Ahí es donde España tenía que demostrar a Europa su voluntad de abrir mercados y ahí es donde la mayoría de los controles se mantienen.

Repsol es el caso más paradigmático. Porque es una empresa dedicada a un sector tan estratégico como el energético y porque tiene competidoras de gran tamaño con capacidad -y puede que intención- de comprarla con o sin su consentimiento, los blindajes se mantienen tal y como estaban. La única diferencia es que de la autorización previa se pasa a una notificación siempre que se desee adquirir más de un 10% del capital, pero ya se ha visto que aún así el Gobierno tiene todo de su parte para oponerse.

El capital de la petrolera no se ha abierto ni para los inversores financieros, algo que sí han logrado sus compañeras. La explicación oficial -la que consta en la nueva norma- es que Telefónica, Endesa, Iberia o Indra son sociedades cotizadas. Pero Repsol también lo es y las entradas en su capital con intenciones meramente financieras y ambiciones superiores al 10% siguen condicionadas.

Más allá de las tomas de participaciones financieras, el capital del resto de las empresas privatizadas también sigue bastante controlado. Los socios que quieran ejercer los derechos políticos de su participación tendrán que pasar por el filtro del Gobierno cuando ésta sea superior al 10%. Para las opas hay reglas específicas. Aunque la CNMV dé su visto bueno a la oferta, el periodo de aceptación no comenzará hasta que el Gobierno, expresa o tácitamente, bendiga el cambio de manos de parte o todo el capital de la empresa privatizada.

Nuevos argumentos

Entre las concesiones que hace el Ejecutivo para adaptarse a las exigencias comunitarias está la acotación de los criterios que determinarán la decisión. La posibilidad de decir sí o no ya no es genérica; está enumerada. La casuística, sin embargo, sigue dejando bastante margen, ya que está basada en la posibilidad de que la entrada de un nuevo socio provoque 'riesgos significativos o efectos negativos' indeterminados en aspectos tan amplios como la capacidad financiera, los medios patrimoniales, la transparencia o la supervisión.

Fuentes cercanas al Gobierno aseguran que hay confianza en que esta regulación obtenga el visto bueno de la UE. Su argumento es que la similitud con la normativa belga es muy elevada y que este país cuenta con el beneplácito comunitario. Otra interpretación, sin embargo, apunta que lo que se ha hecho es ganar tiempo. El cambio realizado en la ley obligaría a empezar todo el proceso sancionador desde el principio y para cuando llegue a término buena parte de las acciones de oro habrán expirado.

El calendario juega a favor de la norma española

Sólo la acción de oro belga ha pasado hasta ahora el examen del Tribunal de Justicia de la UE. El Gobierno español insiste en que su nuevo modelo, aprobado en diciembre, es una réplica casi exacta de la comedida capacidad de intervención que Bélgica se reserva en el sector eléctrico. Quizá. Pero lo mismo afirmó en junio de 2002 cuando los jueces avalaron la legalidad de la acción de oro belga. Once meses después, y a pesar de la opinión favorable a España del abogado general del Tribunal, los jueces comunitarios consideraron abusiva la acción de oro en Repsol, Telefónica, Argentaria, Tabacalera y Endesa. El Gobierno porfía en que ahora sí respeta el derecho comunitario. La Comisión Europea, por si acaso, revisa con lupa la nueva norma para verificar que, en efecto, no limita la libertad de movimientos de capital reconocida en el Tratado de la UE. En cualquier caso, el calendario juega a favor del Gobierno, porque la vigencia de los controles sobre el capital de las empresas privatizadas no se prolongará más de tres años.La Comisión actual, cuyo mandato expira en otoño, no dispone apenas de tiempo para pronunciarse sobre la nueva acción de oro que el Gobierno ha instaurado en Repsol, Telefónica, Endesa, Indra e Iberia.Si la norma plantea dudas, Bruselas dispone de dos opciones para atacarla. La primera, más rápida, sería considerar que el Gobierno no ha acatado el fallo del Tribunal. La Comisión, en consecuencia, podría solicitar a los jueces que exigiesen el cumplimiento de la sentencia o, en caso contrario, impusieran a España una cuantiosa multa diaria. Se trata del procedimiento que Bruselas ha iniciado contra Portugal, que aún no ha renunciado a la acción de oro horizontal que el Tribunal anuló hace más de año y medio.No parece que España se encuentre en esa tesitura porque, al menos nominalmente, ha reformado el sistema de intervención del Gobierno en las empresas privatizadas. Así, a la CE no le quedaría otra opción que iniciar un nuevo procedimiento de investigación sobre el nuevo mecanismo. En ese caso, el trámite de la Comisión puede prolongarse durante meses y, en caso de discrepancia, aún se debería acudir al Tribunal. Para entonces, las acciones de oro habrán expirado probablemente: la de Indra, si no hay prórroga, dentro de dos meses; la de Repsol e Iberia, en 2006 (aunque esta última es ampliable) y la de Endesa y Telefónica, en 2007.

Las afectadas: Cinco empresas líderes en sectores estratégicos

Repsol: Nada cambia en el control sobre el capitalEntre las empresas reguladas por la acción de oro, Repsol YPF es la que menos ha notado el cambio. Podrá fusionarse a su voluntad y gestionar los activos argentinos con toda libertad, pero su capital permanece totalmente amarrado. Cualquier inversor, compañía o aspirante a socio de la petrolera tendrá que notificar al Gobierno sus intenciones, siempre que éstas pasen por tomar más del 10% del capital. Y si el Ejecutivo no da su visto bueno, se suspenderán los derechos políticos del exceso de participación. Repsol YPF se convierte así en la única de las empresas privatizadas donde el Gobierno mantiene el control sobre las inversiones financieras y se ha hecho porque un estudio del capital de la compañía y de su situación bursátil ha recomendado no tomar riesgos. Como aseguró Rodrigo Rato, la clave está en el mercado donde opera, el energético, muy estratégico para España; pero también en el tamaño y la voracidad de sus competidoras.Iberia: El mismo esquema, pero con notificaciónLa principal preocupación del Gobierno con respecto a Iberia es que su control efectivo esté en manos nacionales, para cumplir con la legislación de navegación aérea y con los convenios bilaterales de tráfico. æpermil;sta era la prioridad en 2001 y lo sigue siendo ahora. Nada ha cambiado en la normativa que regula la acción de oro de Iberia, más allá de las modificaciones generales. Lo que antes exigía autorización previa, ahora se podrá hacer con notificación, y las tomas de participaciones financieras de más del 10% quedan liberalizadas. El Gobierno tendrá que decidir en 2006 si prorroga dos años la acción de oro.Indra: Un blindaje que expira en marzoIndra es la primera de las empresas privatizadas que puede quedarse sin acción de oro. El Gobierno estableció en 1999 una vigencia de cinco años para los controles de los actos y del capital de la compañía de tecnologías de la información y defensa, y ese plazo termina el 23 de marzo. Sin embargo, el Ejecutivo se reservó la posibilidad de prorrogar dos años los blindajes, es decir, hasta marzo de 2006. El principal activo de Indra para el Gobierno -y la razón de su consideración de empresa estratégica- son los trabajos que realiza en materia de defensa y que pueden justificar la extensión de la acción de oro.Telefónica: Manos libres para la venta de MóvilesLa nueva regulación de la acción de oro supone un cambio sustancial para Telefónica, que a partir de ahora tendrá plena libertad para vender hasta el 50% de Móviles y de sus filiales de telefonía fija y celular en España sin pasar por el filtro gubernamental. Hasta ahora, la operadora de telecomunicaciones tenía que pedir permiso para deshacerse de cualquier acción que quisiera vender, según consta en el real decreto de 1997 que regulaba el régimen específico de Telefónica. La nueva libertad tendrá sus principales efectos prácticos en Telefónica Móviles, que ya cotiza en Bolsa. A partir de ahora, su matriz podrá decidir por su cuenta si eleva la participación que está en el parqué o si da entrada a socios, eso sí, financieros.Los cambios en la regulación también han flexibilizado la venta de determinados activos e inmuebles, justo en el momento en que Telefónica tiene en marcha un plan inmobiliario para vender 465 edificios.Endesa: Las limitaciones en el capital se elevan al 10%Además de la libertad para los socios financieros de tomar más de un 10% del capital y del cambio de la autorización previa por la notificación, la regulación específica de Endesa presenta otras novedades. Antes de la reforma, los posibles accionistas que desearan entrar en el capital de la eléctrica con intención de ejercer los derechos políticos sobre su participación tenían que pedir autorización para paquetes superiores al 5%. Con la nueva regulación, este límite se eleva al 10%.A pesar de que el capital de las empresas privatizadas, salvo Repsol, se ha abierto para participaciones financieras, el Gobierno se ha reservado un as en la manga. Según la nueva normativa, en cuanto un supuesto socio financiero decida ejercer derechos de voto sobre más del 10% del capital tendrá que notificarlo al Gobierno. Hasta que no tenga el visto bueno, los poderes sobre lo que exceda del 10% quedan suspendidos.