Los coches para desguace deberán tener un certificado de descontaminación
La transposición por parte española, en enero de 2003, de la directiva comunitaria sobre gestión de vehículos al final de su vida útil va a suponer un vuelco empresarial entre los profesionales del desguace y un importante cambio en los criterios de actuación entre los fabricantes de automóviles y las redes de venta.
Según puso de manifiesto Manuel Kindelán, gerente de Sigrauto, en la Conferencia Internacional de Intercambio de Información y Prácticas Industriales de Reciclaje (Reccon 03), que se ha celebrado en Bilbao, en España alrededor de 900.000 vehículos dejan de circular anualmente y su destino posterior estará, en breve plazo, más fiscalizado en materia medioambiental.
Los distribuidores de vehículos deberán conseguir en los centros concertados un certificado de descontaminación para los vehículos de los que se quieran desprender los clientes cuando acudan a comprarse uno nuevo. De no hacerlo, no los podrán dar de baja en el impuesto de matriculación, una decisión que supone un salto cualitativo en la política medioambiental mantenida hasta ahora en España.
En 12 años quedarán en España el 11% de las empresas del sector
Esto provocará un proceso de selección y eliminación de buena parte de los profesionales del desguace. Además, abrirá el abanico de empresas destinadas a desmontar un automóvil y a gestionar sus residuos con criterios medioambientales, con un horizonte de recuperación (que comprende la reutilización, reconstrucción, reciclaje y valoración energética) para 2015 de hasta el 95% del peso del vehículo. El 5% restante se destinará a los vertederos. En España este porcentaje se sitúa actualmente en el 75%.
La estrategia va a dejar en el camino a muchas compañías. Manuel Kindelán estima que de los 3.500 profesionales del desguace que hay en España no quedarán más de 400 dentro de 12 años, o sea, un 11%. Comparte la misma opinión Alfonso Ausín, responsable de Car Recicling, una compañía vasca que aspira a contar con 40 centros homologados en los próximos ejercicios repartidos por toda la geografía española.
El Estado español ha sido el sexto país de la Unión en trasponer la directiva comunitaria en esta materia y el segundo de los más industrializados tras Alemania. Por detrás quedan naciones como Italia o incluso Francia.
Se inicia el debate sobre la rentabilidad de la recuperación
¿Quién paga el coste? Kindelán considera que, por el momento, las cuentas les salen a los recuperadores de piezas y chatarra y también a los que tratan otro tipo de residuos. Para apoyar su tesis, afirma que en los temas de recuperación de los materiales férricos que componen los automóviles el porcentaje se sitúa en casi el 100%. Ausín, por su parte, asegura que se está armando una teoría por la cual deberían ser los fabricantes quienes compensaran el valor negativo de estas recuperaciones medioambientales.