Derivados

Se mantiene el blindaje con la modificación de la 'acción de oro'

El Partido Popular presentó el pasado martes, 11 de noviembre, una enmienda a la Ley de Acompañamiento para modificar el régimen de acción de oro en las empresas privatizadas. La enmienda plantea eliminar la autorización previa del Gobierno para que las compañías privatizadas acometan ciertas operaciones y, en su lugar, deberán notificarlas al organismo regulador competente. En concreto, quedarán sometidos a la exigencia de notificación la disolución voluntaria, la escisión o fusión, la venta de activos estratégicos y el cambio de actividad. También deberán comunicarse aquellas operaciones que supongan una reducción de la participación pública en un porcentaje igual o superior al 10% y la adquisición de al menos el 10% de la sociedad privatizada.

La llamada acción de oro fue introducida en la Ley de Privatizaciones del año 1995 como medida de blindaje para las antiguas compañías públicas. La decisión de modificar el régimen de este mecanismo supone cumplir con la sentencia del Tribunal de Luxemburgo del pasado 13 de mayo, que consideraba excesiva esta medida de blindaje y contraria a la competencia y a la libre circulación de capitales.

La modificación de la acción de oro por parte del Gobierno ha abierto la veda para que las grandes compañías españolas puedan ser objeto de ofertas hostiles. Aunque el Ejecutivo esgrime que nunca ha usado este mecanismo para impedir operaciones entre sociedades privadas, lo cierto es que la existencia de este sistema de control fue recordada en 1999 como posible impedimento para la fusión de KPN -participada por el Estado holandés- con Telefónica.

La nueva norma, que sustituye la autorización del Gobierno por una notificación al órgano competente, afectaría a Telefónica, Repsol, Endesa, Indra e Iberia

Los expertos no creen, sin embargo, que la supresión de la golden share vaya a tener un impacto significativo. 'La modificación tiene un carácter más formal, para adaptarse a la normativa comunitaria, que un verdadero alcance real', explican los analistas de Banesto Bolsa en un informe. La nueva normativa permitirá a cualquier empresa europea comprar acciones de cualquier compañía española e incluso lanzar una opa sin exigir autorización previa del Gobierno. 'Sin embargo, éste se reserva la potestad de vetar la operación tras conocer el dictamen de los órganos reguladores como la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones o el Tribunal de Defensa de la Competencia', señalan desde Banesto Bolsa. 'En definitiva, creemos que el Gobierno sigue contando con métodos indirectos para vetar operaciones hostiles, por lo que el alcance real de la medida será bastante limitado. No creemos que el anuncio de esta medida despierte la especulación sobre operaciones corporativas afectando a la cotización de estos valores', añaden.

Aparte de los sistemas indirectos que seguirá teniendo el Ejecutivo para frenar operaciones, las propias compañías cuentan con una serie de mecanismos de blindaje que abortarían cualquier movimiento no deseado. Telefónica, Repsol YPF y Endesa cuentan en sus estatutos con limitaciones para ejercer los derechos de voto. La operadora y la eléctrica exigen también ciertos requisitos para ser nombrado consejero. En el caso de Iberia, los accionistas del núcleo estable tienen un compromiso de permanencia en el capital después de la salida a Bolsa. Indra podría ser la más opable, pero como tiene una división de defensa, el Gobierno podría abortar la operación por motivos estratégicos.