Compromiso con la calidad
La calidad es considerada en España por demasiada gente como un artículo de lujo. Algo parecido ocurre con la investigación. Mientras esta mentalidad no cambie, la economía española no accederá al vagón de primera. Por esa razón es trascendental lo que está ocurriendo en el sector español de las telecomunicaciones, obligado a ser puntero en los dos campos.
Las compañías del sector de telecomunicaciones adjudicatarias de licencias de telefonía o de cable soportaban una pesada carga a causa de los avales exigidos por la Administración, unos 7.000 millones de euros. Hasta que las operadoras pactaron una rebaja con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y el pasado diciembre obtuvieron su reducción a 1.310 millones. A cambio, empresas y Administración acordaron un plan para desarrollar un sistema de control de calidad de los servicios de telecomunicaciones. Ambas cosas, rebaja de avales y compromiso, se escenificaron en el mismo acto en diciembre de 2002.
El acuerdo por la calidad tiene tres pilares: creación de comisiones de seguimiento (para telefonía fija, móvil e Internet), incorporación de los compromisos a la Ley de Telecomunicaciones y auditorías de los índices de calidad de las empresas. Hoy, diez meses después de suscrito el acuerdo, las comisiones no han dado a conocer conclusión alguna, la flamante Ley de Telecomunicaciones toca el tema de pasada y aún no existe reglamento que lo desarrolle, y los índices de calidad, cuando se dan, siguen sin auditar -excepto los de Telefónica de España, que lo debe hacer por ley-.
No hay por qué dudar a priori de que las empresas, individualmente, vayan a poner su empeño en mejorar la calidad de su servicio. Pero un marco regulador de mínimos es una garantía que sumar a la libre competencia, y a la que los usuarios tienen derecho. Para eso, y no para intervenir en los sectores económicos, está la regulación moderna. La calidad y la competencia circulan en la misma vía, y si una de las dos reduce su marcha, la otra también frena.