Populares y socialistas se conjuran para evitar la crisis institucional
Los principales grupos políticos del Parlamento Europeo condenaron ayer las prácticas irregulares descubiertas en Eurostat, pero concedieron, salvo contadas excepciones, un voto de confianza al presidente de la Comisión Europea (CE), Romano Prodi. La tregua durará al menos hasta que los servicios de auditoría interna de la Comisión y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) finalicen sus investigaciones sobre los casos de contabilidad paralela y adjudicaciones fraudulentas que se han descubierto en la Oficina de Estadísticas de la CE.
Los grupos Popular y Socialista, con 413 escaños de un total de 626, descartan por ahora zanjar la crisis con alguna dimisión. Incluso el Grupo Liberal (52 eurodiputados) suavizó sus recientes declaraciones a favor del cese de Pedro Solbes, comisario europeo de Economía y responsable político de Eurostat. 'Aun así, si yo fuera Solbes iría ya preparando el borrador de la carta de dimisión', ironizó el líder Liberal, Graham Watson, tras la reunión a puerta cerrada que todos los grupos mantuvieron con Prodi.
Chivo expiatorio
La prudencia se impuso, en general, tras leer los dos primeros informes preliminares sobre el caso Eurostat, cuyas conclusiones permiten interpretaciones dispares.
El portavoz español del Partido Popular, Gerardo Galeote, consideraba que 'es pronto para pedir responsabilidades políticas'. Y advirtió que 'no estamos dispuestos a que se convierta a Solbes en chivo expiatorio' .
La eurodiputada socialista, Rosa Díez, también subrayó su apoyo incondicional al comisario español y señalaba que 'no tenemos datos que permitan exigir una responsabilidad individual'. Díez achaca el presunto fraude a la cultura burocrática que domina la Comisión Europea. 'Ya es hora de que dejemos de estar en manos de los técnicos y asuman el poder los políticos', recomendó la eurodiputada, que pidió también la creación de una fiscalía europea. Prodi prometió una propuesta en este sentido.