Juicios masivos

El plan de rescate económico puede costar a Buenos Aires 15.888 millones en indemnizaciones

El Estado argentino afronta juicios de empresas y personas que reclaman unos 15.888 millones de euros en daños y perjuicios derivados de normas aplicadas por la crisis económica. El total equivaldría, poco menos que el total del presupuesto nacional de este año para la administración pública, según fuentes gubernamentales citadas por el diario de negocios Infobae.

Las demandas suman cerca de 600.000 y se dirimen en tribunales locales y del exterior, entre estos últimos la mayoría en el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones, que depende del Banco Mundial (BM). Mientras, el Estado argentino mantiene unos 400.000 litigios en los tribunales locales por el cobro de unos 14.000 millones de pesos evadidos en impuestos y otros fraudes, apuntaron las fuentes.

Al tribunal arbitral del Banco Mundial han recurrido la mayoría de las empresas de servicios públicos, en manos de empresas extranjeras que exigen un resarcimiento por la congelación de las tarifas en enero de 2002, cuando se devaluó el peso al ponerse fin a la política de paridad de "uno a uno" con el dólar. Suman unos 3.648 millones de euros e incluyen querellas de empresas extranjeras por violación de contratos.

Entre las empresas que se querellaron con el Estado argentino destacan Telefónica de Argentina, de capital español, la distribuidora de gas italiana Camuzzi, y la francesa Suez, del sector de agua potable y alcantarillado. También han presentado sendos recursos las compañías de electricidad Edenor y Pan American Energy, de capitales franceses y estadounidenses, respectivamente, y la británica British Gas, socia de la española Repsol en la distribuidora Metrogas, entre otras.

Unos 400.000 trabajadores estatales y jubilados demandan que se les devuelva en efectivo la reducción del 13% del salario dispuesta en 2001 por el entonces gobierno de De la Rúa para reducir el gasto público como exigía el Fondo Monetario Internacional. A esas millonarias demandas se suman las compensaciones de varios miles de millones de dólares que pide la banca porque se aplicó la antigua relación de "uno a uno" al convertir los créditos hipotecarios y personales en dólares a pesos.