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Justicia

Un juez exige más investigaciones a la banca de Wall Street

William Pauley, un juez de distrito de Nueva York, ha pedido más pruebas y ha citado de nuevo a los bancos antes de dar el visto bueno al acuerdo extrajudicial alcanzado en abril entre el regulador de EE UU, la Fiscalía de Nueva York y 10 bancos de inversión por el cual estas firmas deben pagar una multa de 1.400 millones de dólares por análisis engañoso.

Pauley fue nombrado como supervisor del caso en el Estado de Nueva York y su firma debe constar en el acuerdo para que éste sea ratificado y los bancos puedan desembolsar el dinero.

Pero las intenciones de Pauley no son, ni mucho menos, retrasar el pago de la multa. Este juez quiere evitar a toda costa que las entidades implicadas en los escándalos no obtengan ningún beneficio fiscal por estas sanciones, así como bloquear cualquier intento de que las aseguradoras de los bancos corran con los costes de las multas. También desea comprobar hasta qué punto las firmas asociadas a los bancos que firmaron el acuerdo están también implicadas en las irregularidades.

Entre otras pruebas, Pauley ha pedido cuáles son los activos que el acuerdo extrajudicial se ha comprometido a cubrir y cuántas acciones de cada empresa fueron compradas por cada uno de los clientes de cada banco. Según el juez, sólo estas informaciones podrán determinar cuántos inversores recibirán algún tipo de compensación gracias al fondo destinado a resarcir a personas particulares que se ha fijado en el acuerdo.

De los 1.400 millones de dólares que en su conjunto deberán abonar las 10 firmas sancionadas, 400 millones están destinados a cubrir daños a inversores y otros 80 a educación, sobre este último aspecto Pauley ha pedido información sobre qué tipo de gestión y auditoría se va a llevar a cabo, para evitar que el dinero destinado a educación para los inversores se esfume o malgaste.

La SEC no se ha librado de las exigencias del juez Pauley, quien pidió al regulador estadounidense información detallada sobre todos los aspectos del acuerdo extrajudicial. Asimismo, reconoce que las indemnizaciones a particulares tardarán dos años como mínimo en llegar a los bolsillos de los ahorradores.

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