Miles de casos, incluidos el de BBV, quedan en manos de Cardenal
La medida, que según sus impulsores persigue dar más garantías a los sospechosos, afecta a investigaciones tan polémicas como la del BBV (productos fiscalmente opacos que el banco ofrecía a sus clientes a través de BBV Privanza en el paraíso fiscal de Jersey), el caso Atlético (desaparición de 54 millones en la compra de jugadores) y un presunto fraude fiscal en la Hacienda de Vizcaya.
Todos estos casos llevan ya más de seis meses investigándose en la Fiscalía Anticorrupción. Pero a estas pesquisas, que podrían quedar paralizadas, se suman otras muchas, ya que la ley afecta por igual a las 51 fiscalías repartidas por todo el territorio español. Durante el año 2001 se abrieron 57.923 diligencias, de las que 7.350 fueron penales, según consta en la última memoria de la Fiscalía General del Estado La nueva norma obliga a los fiscales encargados de las diligencias a remitir las investigaciones al juzgado correspondiente, estén como estén, o bien a archivarlas, si no hay indicios de delito. En el caso de que los fiscales quieran seguir investigando, deberán remitir un escrito a Jesús Cardenal. El fiscal general del Estado será quien emita un veredicto sobre si el plazo puede ser prorrogado o el caso es archivado definitivamente.
Algunos fiscales han comenzado a enviar ya a la Fiscalía General del Estado escritos para poder continuar con las pesquisas. Son muchos los casos que exceden los seis meses obligatorios que impone el nuevo estatuto.
Hacienda de Vizcaya
Por ejemplo, el proceso de investigación en la Hacienda Foral de Vizcaya por el presunto trato de favor a varias empresas vascas. Las diligencias se abrieron en los primeros días de enero, lo que supone la conclusión del trabajo realizado por la fiscal Anticorrupción Teresa Gálvez.
Durante estos meses un numeroso grupo de agentes de la fiscalía y del Ministerio de Hacienda han requerido al fisco vizcaíno información sobre muchas sociedades. La fiscal ha interrogado también a la práctica totalidad de los inspectores y subinspectores adscritos a la Hacienda vizcaína, informa Kirru Artea.
Pero esas diligencias pueden llegar a su fin si Jesús Cardenal así lo decide. Al igual que otro polémico y complicadísimo caso, el del BBV Privanza, que también investiga Anticorrupción.
Fuentes cercanas al caso sostienen que las labores de análisis financiero de toda la información obtenida están suponiendo un gran esfuerzo, así como la obtención de documentos que tienen que llegar de fuera de España. 'Es imposible acabar una investigación de estas características en seis meses', aseguran las mismas fuentes.
Del mismo modo piensa Antonio Camacho, fiscal y portavoz de la Unión Progresista de Fiscales. 'No puede haber plazos en las investigaciones de un fiscal, igual que no los hay en las policiales. Si se está denunciando, por ejemplo, una estafa inmobiliaria milmillonaria que afecta a decenas de personas, ¿cómo poner un límite?'.
La nueva norma suscita el mismo malestar en la Asociación de Fiscales, de signo conservador. Pero casi nadie se atreve a expresar su opinión en voz alta. No corren buenos tiempos en la carrera para ser críticos, afirman.
Otras pesquisas a punto de cumplir seis meses son el caso Forcem, por un presunto delito de fraude de fondos comunitarios; la investigación a Cajasur, por presunto delito de apropiación indebida, o la implicación de directivos de Telefónica en un presunto delito de estafa.