EDITORIAL

Más atención a Europa

España saltó ayer a los titulares de primera página del influyente Financial Times sin que los responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores supiesen explicárselo. La noticia, calificada de 'interpretación' por la ministra Ana Palacio, aludía a la supuesta deferencia que el proyecto de Constitución europea ha tenido con Madrid en un tema tan sensible como la negociación de los fondos estructurales, responsables en gran parte de la modernización de España a partir de 1992.

La teoría del rotativo presenta como logro español el derecho de veto en las negociaciones de esos Presupuestos hasta 2017. Lo cierto es que probablemente incluso el derecho de veto que España se ha garantizado hasta 2006, año crucial para la negociación de los próximos Presupuestos comunitarios, puede estar en el punto de mira de los países contribuyentes, los que aportan a la caja común de la UE más de lo que reciben.

No por casualidad, dos miembros alemanes de la Convención, el del Grupo Popular Elmar Brok y el socialista Klaus Hänsch, defendieron en la preparación del proyecto de Constitución que el derecho de veto se aboliese en cuanto la nueva Carta Magna entre en vigor, es decir, en 2006 como muy pronto. Palacio, como representante del Gobierno, presentó una enmienda para asegurar que el derecho de veto que recoge el actual Tratado de Niza se traslade a la Constitución.

El presidente de la Convención, Valéry Giscard d'Estaing, aceptó el argumento español, consciente quizá de que bastante había dañado la posición española con su propuesta de voto basada en el peso demográfico de cada país. Palacio, a quien la solemnidad de la última sesión de la Convención el pasado viernes no le impidió declarar abiertamente la guerra a este sistema de voto, se desayunaba ayer con el recordatorio de que el derecho de veto de España también es negociable en la futura conferencia intergubernamental que comienza en octubre y debe rematar la Constitución.

Por enésima vez en pocos meses, el Gobierno parece descubrir la realidad comunitaria a través de los titulares de la prensa. El nuevo ministro británico de Asuntos Europeos, Denis MacShane, se permitía hace poco convocar a varios medios españoles para comparar la solución del contencioso sobre Gibraltar con la presencia española en Ceuta y Melilla. Desde Londres han llegado también serios avisos sobre el futuro de la política estructural y de cohesión de la Unión, unas ayudas que el Reino Unido quiere recortar ya a partir de 2007. En la negociación de la política agrícola, España va a remolque de Francia, país con el que las relaciones están en uno de los puntos más bajos de los últimos años. Y ayer descubre que la negociación de los fondos comunitarios puede peligrar tan pronto como en 2006. Quizá haya llegado la hora de que España aprenda a compaginar su repentina vocación atlantista con una presencia eficaz, constructiva y permanente en la vida comunitaria. Las consecuencias de estos despistes diplomáticos en una Unión que ya piensa en 25 pueden ser muy graves.