Malestar en Bruselas ante los problemas judiciales de Berlusconi
Ojalá que sólo sea una presidencia inútil y no dañina', señala un funcionario de Bruselas. Los augurios sobre el próximo semestre presidencial en círculos comunitarios, incluidos los italianos, oscilan entre el pesimismo y el fatalismo. Casi nadie ve en Il Cavalieri el perfil más adecuado para tejer los sutiles compromisos que palpitan en cada avance de la UE. Pactos siempre difíciles, pero que tras la crisis de Irak se han vuelto casi imposibles.
La imputación de Berlusconi en un caso de soborno a los jueces para que anularan la privatización de SME, otrora el mayor conglomerado agroalimentario del Estado italiano, añade además la sombría hipótesis de que un presidente de la UE pueda ser condenado en pleno ejercicio. 'Ya es difícil de asimilar en Italia, pero aún será más difícil de entender para el resto de los europeos que el presidente de la UE esté acusado de corrupción', señalan fuentes de los socialistas italianos en el Parlamento Europeo.
Berlusconi no ha dudado en revolverse contra esas acusaciones 'salpicando a los dos italianos más prominentes en el entramado comunitario', se quejan fuentes comunitarias italianas. Asediado por la acusación, Berlusconi ha culpado al presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, de malvender SME en 1985 cuando ocupaba la presidencia del órgano encargado de la privatización.
El nombre de Giulliano Amato, vicepresidente de la Convención que prepara la constitución europea, tampoco se ha librado de aparecer en el enésimo juicio de los muchos que jalonan la trayectoria empresarial y política del primer ministro italiano.
Enfrentamiento con Prodi
El cruce de acusaciones entre Prodi y Berlusconi hace prever que la presidencia italiana empezará con mal pie y que sus relaciones con la Comisión serán difíciles.
Las posibilidades de una sentencia condenatoria contra Berlusconi en otoño aumentaron tras la condena a 11 años de cárcel por corrupción a uno de sus principales colaboradores, Cesare Previti, dictada a principios de mes.
Si se produjera la condena, Europa no dispone de ningún mecanismo para superar una crisis presidencial. El tratado sólo prevé una complicada fórmula de sanción para suspender el voto de aquel Estado que viole 'grave y persistentemente' los derechos fundamentales reconocidos por la Unión. El último precedente de una crisis institucional sucedió tras la decisión del canciller austriaco, Wolfgan Schussel, de formar un Gobierno de coalición con el partido de extrema derecha de Jörg Haider. La Comisión Europea se desmarcó entonces de un aislamiento que se prolongó infructuosamente durante meses.
Berlusconi se afana en evitar la continuación del juicio, al promover en el Parlamento la vuelta de la ley que otorga inmunidad a los principales cargos institucionales durante el ejercicio de su cargo e incluso extender la misma a todos los parlamentarios y ministros. Esta última salvedad beneficiaría directamente a Previti, su abogado de confianza. Tras comparecer ante el juez de Milán que lleva el caso, Berlusconi escribió una carta pública en Corriere della Sera en la que aseguraba ser víctima de 'la politización de los jueces que castiga a Italia'.
La situación se puede complicar si Berlusconi decide adelantar las elecciones para convertirlas en una demostración del apoyo popular a su figura. Il Cavalieri está convencido, como aseguró a The New York Times, de que es el único garante de la libertad de Italia. 'Si abandono, Italia caería en manos de los comunistas', dijo.
El Gobierno español puede verse obligado a jugar un comprometido papel en esta trama. El fiscal Anticorrupción, Carlos Castresana, ha pedido que Italia retire la inmunidad que protege a Berlusconi de ser encausado en el exterior para poder actuar contra él por un supuesto fraude fiscal en la cadena Tele 5, controlada por el primer ministro italiano. La causa está en suspenso en la Audiencia Nacional desde octubre de 2001.
Algunos socios comunitarios tendrían, además, dificultades para reaccionar contra una figura a cuyo encumbramiento han contribuido. El Partido Popular español, y en concreto el ex eurodiputado Alejandro Agag, ayudaron a maquillar los rasgos autoritarios de Forza Italia para que la formación creada por Berlusconi encajara en la familia europea de los populares.
El Gobierno español también contribuyó a que el entonces europarlamentario Silvio Berlusconi escapara, en mayo de 2001, a una petición del juez Baltasar Garzón para que la Eurocámara le levantase la inmunidad.
Tácticas de negociación cuestionables
Las tácticas de negociación del Gobierno italiano empiezan a preocupar entre sus socios comunitarios, que han llegado a calificar de 'chantaje' algunas de sus propuestas.El último ejemplo gira en torno al bloqueo de la directiva sobre armonización fiscal del ahorro, cuya aprobación supedita a que se le permita condonar una multa a los ganaderos italianos por haber superado la cuota de producción de lechera. El ministro de Economía, Giulio Tremonti, ha advertido que esta actitud, lejos de ser puntual, anuncia una nueva estrategia italiana para defender en Europa 'los intereses nacionales'.Fuentes comunitarias recuerdan que la eurofobia es una seña de identidad de varios de los ministros del gabinete italiano (Justicia y Asuntos Sociales, entre otros) que durante un semestre deberán presidir las reuniones de los Quince. El más flagrante es el ministro de Ordenamiento Territorial, Umberto Bossi, que con términos como masón o comunista ha intentado descalificar a la Unión.Pero el mayor riesgo, si cabe, según los observadores, es que el Gobierno italiano aborde la presidencia con la 'superficialidad' que Berlusconi ha demostrado durante su asistencia a los Consejos Europeos. La obsesión comunitaria del primer ministro gira ahora en torno a la Constitución europea, que pretende firmar en Roma para que el Tratado de la UE mantenga la referencia a la capital italiana. 'Pura imagen', descalifican sus enemigos políticos, 'no le preocupa lo más mínimo el fondo del proyecto'.