El fallo abre la puerta a que las grandes petroleras intenten controlar Repsol
Con la derogación de la acción de oro desaparece un obstáculo casi insalvable para la toma de grandes participaciones en el capital de las grandes empresas privatizadas. En particular, desde el sector energético se señala a Repsol como posible objetivo para alguna de las grandes petroleras internacionales, pues la retirada del principal blindaje de la española coincide con un momento dulce para las grandes firmas del sector.
Los rumores y especulaciones acerca del interés de petroleras extranjeras por hacerse con el control de Repsol han sido recurrentes, en particular desde que las reservas de crudo de la empresa española se dispararon gracias a la adquisición de la argentina YPF. Según analistas, BP, Shell e incluso Total han tenido a la petrolera española en su punto de mira. Y Chevron, por su parte, estudia aumentar posiciones en Europa.
Las dificultades financieras que supuso para Repsol el estallido de la crisis argentina no hicieron más que acentuar esos rumores. La acción de oro del Gobierno español, sin embargo, fue vista como un obstáculo insalvable por parte de los bancos de inversión que entraron a analizar posibles operaciones corporativas.
Expertos en fusiones y adquisiciones estudiaron el régimen aplicable y llegaron a la conclusión de que no cabía plantear ninguna operación hostil, y menos aún conociendo las buenas relaciones de la empresa con los centros decisorios del Gobierno.
Con la anulación por parte del Tribunal de la UE de la acción de oro desaparece esa barrera inicial, pero siguen quedando otros obstáculos en el camino de cualquiera que aspire a hacerse fuerte en el capital de las empresas privatizadas.
En el caso de Repsol, por ejemplo, los estatutos de la empresa limitan el ejercicio de los derechos de voto a un máximo del 10% del capital. Es una limitación que ya afecta a La Caixa, primer accionista de la petrolera, que tiene una particpación total (entre directa e indirecta) del 12,5%.
Manos libres para La Caixa
La Caixa obtuvo una autorización del Gobierno para superar el 10% de participación en Repsol y llegar al 15%. Al quedar sin validez la acción de oro, La Caixa queda con las manos libres para elevar su participación en la petrolera en un momento en que las relaciones con su participada son tensas por su enfrentamiento dentro de Gas Natural. Sin embargo, La Caixa no puede ejercer los derechos políticos de las acciones que tenga por encima del 10%, lo que resta sentido a compras adicionales.
Esa barrera sobre los derechos políticos, sin embargo, pierde importancia si de lo que se trata es de una gran empresa del sector que aspirara a hacerse con el 100% del capital, pues eso permitiría cambiar los estatutos e incluso condicionar una posible opa a la modificación de los mismos.
Telefónica y Endesa también cuentan con limitaciones al derecho de voto. En todo caso, por la situación de dichas empresas y de sus respectivos sectores, parece más difícil que se produzcan operaciones corporativas relacionadas con ellas.
Las limitaciones sobre Iberia e Indra, en el aire
El tribunal no se ha pronunciado de modo expreso sobre la acción de oro en Iberia e Indra porque el inicio del caso resuelto ayer data de octubre de 1998, cuando el proceso de privatización de esas dos empresas aún no se había completado.Sin embargo, la anulación de dos artículos clave de la ley (el referido a presupuestos de aplicación y el que trata de la autorización administrativa previa) en los que se basa todo el proceso puede también acarrear consecuencias para ambas.De hecho, la efectividad de la acción de oro sobre ambas compañías queda en el aire, pues los reales decretos sobre ambas son desarrollo de una ley que ahora queda herida de nulidad.El Gobierno mantiene en el sector energético una limitación de los derechos de voto de los inversores extranjeros participados por capital público, a pesar de que el Tratado de la Unión Europea no permite ninguna discriminación entre capital público y privado.La Comisión Europea ya ha iniciado el expediente disciplinario contra una norma que se concibió expresamente para frenar el desembarco del monopolio público francés æpermil;lectricité de France (EDF) en el mercado español, concretamente en Hidrocantábrico, y que limita los derechos de voto a un máximo del 3% cuando no se cuente con una autorización expresa del Gobierno para ejercerlos por un porcentaje superior.