Ley de Cajas

La Administración central recurrirá la Ley de Cajas aprobada ayer por el Parlamento vasco

La Ley de Cajas aprobada ayer en Vitoria por el Parlamento vasco nace bajo sospecha jurídica. La Administración central tiene previsto recurrir el texto ante el Tribunal Constitucional al estimar que vulnera la Carta Magna porque 'crea desigualdades entre los impositores en función de su lugar de residencia' a la hora de configurar los órganos de gobierno de las entidades de ahorro. A este recurso se puede sumar la Vital Kutxa, la caja de ahorros de Álava.

La ausencia de siete parlamentarios de la oposición (PP, PSE-PSOE y Sozialista Abertzaleak, la antigua Batasuna que votaron en contra) permitió ayer a los partidos que sustentan el Ejecutivo (PNV, EA e Izquierda Unida) aprobar el documento que adecua la legislación vasca de cajas de ahorros a la Ley Financiera. El texto, que incluye los principios básicos de la legislación estatal, cuenta con una serie de modificaciones que limita el peso en los órganos de gobierno de las sucursales y empleados de fuera del territorio de origen de la entidad de ahorro. La fórmula que se aplica relaciona el número de sucursales con los depósitos y el número de habitantes y establece así su porcentaje de participación. Hasta ahora las oficinas de fuera de Euskadi contaban con la misma representación en las asambleas que las radicadas en el País Vasco.

Esta decisión es la que pretende recurrir la Administración central. 'Se pueden producir severas desigualdades y puede permitir a los nacionalistas vascos recuperar el terreno perdido en determinadas cajas de ahorro, como la Vital Kutxa', aseguraron desde el PP vasco.

Precisamente los máximos responsables de Vital Kutxa han mostrado últimamente su oposición al proyecto del Ejecutivo vasco. La entidad de ahorro alavesa afirmó ayer que espera el estudio de su asesoría jurídica para que sus órganos de gestión tomen una decisión.

En el documento aprobado ayer se reduce del 54% al 50% la presencia de representantes políticos y fija en 12 años el mandato de los consejeros, entre otros aspectos.