Las reformas sociales en Brasil
En los cien primeros días del Gobierno encabezado por Lula se han ido disipando los temores que de la evolución económica de Brasil se habían vaticinado en la campaña electoral. Algunos medios financieros, que pretendiendo influir sobre el resultado electoral aventuraron los más negros presagios si ganaba Lula, han tenido que reconocer la sensatez del nuevo Gobierno en la dirección de la política económica sin renunciar a la puesta en marcha de su programa social. Los datos van desmintiendo aquellas previsiones. La tasa de inflación ha disminuido casi dos puntos, se ha frenado la caída de la divisa y el real se ha revalorizado frente al dólar sin dañar las exportaciones brasileñas, la inversión se está reanimando y el riesgo país que superó los 2.000 puntos en pleno proceso electoral ha sido rebajado en los mercados internacionales a la mitad.
Simultáneamente, se han presentado en el Parlamento las primeras reformas, entre las que destacan el nuevo estatuto de autonomía del Banco Central, la tributaria y la de los sistemas de pensiones. Esta última se ha tratado con ligereza por algunos analistas europeos creyendo que se trata de un ajuste del gasto social para dar prioridad a la estabilidad macroeconómica, mediatizados tal vez porque ése es el enfoque predominante en las reformas que se emprenden en diversos países de la UE y que por su fuerte contestación social están de actualidad en Alemania, Austria, Francia e Italia. Sin embargo la protección social brasileña es muy diferente y la orientación de su reforma es justo la inversa, ampliarlo con mayor equidad para hacerlo más viable.
Precisamente he tenido la oportunidad de asistir, junto al embajador de España en Brasilia, José Coderch, y el presidente del Consejo Económico y Social español, Jaime Montalvo, a la sesión del Consejo para el Desarrollo Económico y Social de Brasil (CDES), creado por el nuevo Gobierno y presidido como ministro por Tarso Genro, nuestro anfitrión. En ella, el ministro de Seguridad Social, Ricardo Berzoini, presentó a debate la reforma, que fue defendida con una brillante intervención por el propio presidente de la República, quien tuvo la deferencia de concedernos una audiencia privada en la que pudimos conversar más en detalle sobre éste y otros asuntos.
Conviven en Brasil dos sistemas de providencia social desde la dictadura militar, uno para los servidores públicos, civiles y militares, dependientes del Estado central, de los Estados federados y parte de los funcionarios municipales, y otro para el resto de trabajadores. Ambos requieren financiación estatal para sufragar sus déficit por el equivalente al 4,1% del PIB, pero mientras el primero absorbe 39 billones de reales para 3,2 millones de beneficiarios, el segundo obtiene 17 billones para 19 millones de perceptores.
En el régimen de los funcionarios no hay tope máximo para la pensión, de tal forma que puede alcanzar los 8.000 dólares mensuales, y sin embargo las pensiones en el régimen general se sitúan en torno a los 500 dólares. Y el dato fundamental es que el 57,6% de los trabajadores por cuenta ajena, 40 millones de brasileños económicamente activos, están excluidos de cualquier protección social. Basta con estos datos para comprender que no es una situación comparable con la de los países europeos. La reforma proyectada se propone extender la seguridad social hasta lograr su universalización, avanzar hacia una mayor equidad elevando el salario y la pensiones mínimas al tiempo que se topan las pensiones máximas y reforzar la contributividad al sistema en función de las rentas obtenidas por los futuros beneficiarios.
La perspectiva con la que se ha trazado la reforma es la integración de los diferentes regímenes en un sistema público de pensiones como principal pilar de la protección social, que siendo más justo sea más viable financieramente por ampliar la base cotizante y equilibrar las prestaciones. Paralelamente se están promoviendo disposiciones tributarias para facilitar el desarrollo de fondos de pensiones complementarios pero no sustitutivos del sistema público.
Junto a la realidad de la que se parte, tan marcada por la desigualdad social que hace inexcusable la reforma, al rigor de las propuestas que contiene y sus encomiables objetivos, el método empleado por el Gobierno para elaborarla ha sido determinante del alto grado de consenso social y político que se está logrando. El ministro Berzoini ha solicitado las aportaciones de expertos con independencia de sus adscripciones políticas; desde el día siguiente a su toma de posesión se ha reunido con 150 organizaciones sociales; antes de remitirla al Parlamento la ha sometido a debate y recogido enmiendas en el CDES, integrado por representantes de todos los Estados y personalidades del mundo empresarial, sindical, cultural y social del país.
Una forma más participativa de gobernar con la que también el Gobierno de Lula está marcando una diferencia respecto de los usos que vienen empleando últimamente algunos Gobiernos europeos.