Las eléctricas salvan la última traba para titulizar el déficit tarifario

Endesa, Iberdrola, Fenosa y Cantábrico han pactado la retirada de los recursos contra el decreto que establece la nueva metodología de tarifas eléctricas, que habían presentado por separado en febrero ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Las citadas empresas, que negociaban desde hace semanas un pacto en esa línea, alcanzaron ayer un preacuerdo que permite salvar el último obstáculo para titulizar el llamado déficit tarifario.

La metodología de tarifas para el periodo 2003-2010, aprobada por el Gobierno en diciembre pasado, incluye el reconocimiento del déficit acumulado en los años 2000 y 2002, que supera en conjunto los 1.450 millones de euros.

Y aunque la posibilidad de recuperar ese déficit fue una medida reiteradamente solicitada por esas compañías, no se pusieron de acuerdo para su reparto interno. Ante ese hecho, la Secretaría de Estado de Energía que dirige José Folgado optó por incluir en el decreto la distribución del déficit por empresas. Pero la decisión de Economía no gustó a Iberdrola, que consideraba que Endesa salía favorecida. De la cifra total reconocida, un 43,22% se adjudicó a esa compañía, un 34% a Iberdrola, un 11,7% a Fenosa, un 4,28% a Cantábrico, un 4,59% a Viesgo y el 2,21% restante a Elcogás.

Ahora, según fuentes consultadas, al retirarse los recursos queda plenamente vigente esa distribución.

Además del reparto, las eléctricas también se habían opuesto al tope del 2% fijado por el ministerio para la subida de tarifas para el periodo de vigencia de la nueva metodología. En ese contexto, algunos directivos reiteraron mensajes en los que se señalaba que las inversiones necesarias para asegurar el suministro eléctrico podrían correr peligro a medio plazo. Y añadieron que, asimismo, las tarifas para 2003 podían generar déficit.

Contraataque

La primera en presentar el recurso fue Iberdrola, seguida de Endesa, Fenosa y Cantábrico. Mientras la empresa que dirige Ignacio Sánchez Galán mostraba así su oposición a varios aspectos de la normativa, las otras empresas presentaron un recurso 'ciego' o defensivo para quedar más protegidas ante los tribunales y para tener acceso a los expedientes.

No obstante, pese a las críticas a medidas concretas, las eléctricas habían reconocido que la nueva metodología eliminó incertidumbres anteriores. En esta línea, añadían ayer que la presentación de los recursos no implicaba un desacuerdo global contra el decreto.

Ahora, la decisión de retirar los recursos se debe ante todo a la necesidad de eliminar el último obstáculo a la titulización de los 1.400 millones de euros, que supondrá una inyección de fondos para esas empresas. Unesa, la patronal eléctrica, tenía avanzado en enero el proceso para materializar de forma conjunta la titulización. Sin embargo, la presentación de los recursos generó una incertidumbre que impedía continuar con la operación.

Los títulos que surgirán de esa transacción no contarán con el aval del Estado, pero saldrán respaldados por un decreto-ley. Tras la retirada de los recursos, Unesa retomará los contactos con las entidades financieras para elegir las que realizarán la colocación entre los inversores, que serán prioritariamente inversores institucionales europeos.

El llamado déficit tarifario, que todos los meses del pasado año era cuantificado por la Comisión Nacional de la Energía (CNE), impedía que los ingresos netos resultasen suficientes para atender el pago de las actividades reguladas (transporte y comercialización), así como la prima por la utilización del carbón nacional. Fue originado básicamente en los años 2000 y 2002, por los elevados precios del pool (mercado mayorista) de generación. Han sido ejercicios con reducida hidraulicidad, en los que entraron en funcionamiento centrales con elevados costes de producción, como las de fuel.