Borsig amenaza con liquidar Babcock si la SEPI no recompra la compañía

Representantes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y Borsig mantuvieron ayer en Madrid la reunión más tensa desde la privatización de Babcock, que fue traspasada a los alemanes hace tan sólo año y medio en medio de mutuas felicitaciones. Borsig fue directo con el anterior accionista de la industria vasca. Babcock será liquidada si la SEPI no la recupera por el precio simbólico de un euro. La corporación germana desnudó sus debilidades y reconoció que no tiene recursos para relanzar Babcock, después de que su propia crisis le llevara a suspender pagos el 5 de julio del año pasado, con un pasivo de 800 millones. Además ha presentado a la SEPI un diagnóstico muy negativo de la situación actual de la compañía de Vizcaya, a través del estudio realizado por un consultor externo.

El informe señala que la carga actual de trabajo no incluye los pedidos previstos para estas fechas. De los 60 millones contratados inicialmente por Endesa para sus nuevas centrales de ciclo combinado en Mallorca y Gran Canaria, Babcock ha podido recuperar menos de 15 millones, puesto que su rival, Duro Felguera, se llevó finalmente el contrato, y además lo subcontrató en parte con la holandesa Nen. Duro renunció recientemente a la posibilidad de comprar Babcock. La compañía de Trápaga también perdió el encargo de Repsol YPF en relación con el suministro de dos reactores.

Poca carga de trabajo

Con este panorama, Borsig ha asegurado a la SEPI que la empresa vasca sólo tiene carga de trabajo para dos meses y que su fondo de maniobra se limita a 80 millones. La división de válvulas tiene más pedidos, lo que alargaría su ocupación hasta los nueve meses. La conclusión del experto fichado por Borsig es que hay que aligerar plantilla en un 61,5%. Por tanto, de los 650 trabajadores actuales hay un excedente laboral de 400 personas, con lo que la nómina ideal estaría integrada por sólo 200 empleados.

La SEPI ha transmitido a Borsig su intención de apoyar financieramente a Babcock durante los dos próximos meses, una etapa clave en la política española por las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo día 25 de mayo. De todas formas, persisten las diferencias entre el grupo que preside Ignacio Ruiz-Jarabo y la corporación que en España está representada por Ludger Kramer. De hecho, pasado mañana se celebra en un juzgado de Baracaldo (Vizcaya) la primera vista en la demanda presentada por la SEPI por los 22 millones de euros que Babcock envió a su accionista en Alemania por mandato de éste. La recuperación de esta partida es prácticamente imposible por la crisis del grupo alemán. El informe de auditoría de las cuentas de 2001 y 2002, realizado por PricewaterhouseCoopers, indica el cobro pendiente de los 22 millones y especifica que el envío de la cantidad a Alemania se realizó el año pasado, meses después de la privatización.

Bruselas

Ante las propuestas de Borsig, la SEPI tiene claro que el futuro del fabricante de bienes de equipo no pasa por volver a la órbita pública. Fuentes oficiales del grupo presidido por Ignacio Ruiz-Jarabo aseguraron ayer que las autoridades comunitarias de Bruselas no permitirían realizar una operación de ese calado, porque supondría recurrir a nuevas subvenciones, que se considerarían como ayudas de Estado. Los mismos medios reconocieron que la situación de la empresa vasca 'es muy complicada' y que la única salida pasa por vender la compañía, una operación que se ha intentado a lo largo de estos últimos meses. En concreto, los contactos más avanzados, que no han fructificado, se han realizado con las multinacionales Hitachi y Alstom, japonesa y francesa, respectivamente.

Fuentes del sector señalaron que a la SEPI los interventores judiciales en la suspensión de pagos de Babcock Borsig le han manifestado su nulo interés por salvar a su filial española, una estrategia que no han adoptado con otras sociedades del grupo que se han cobijado en Babcock Engineering Power como salida para superar el proceso concursal. Medios cercanos a la SEPI coinciden en manifestar que los números en Babcock Borsig España 'no salen' y que la sociedad, dada su situación, 'se puede quedar en el camino' a pesar de su posible paso a manos de SEPI.

Babcock Borsig España celebró ayer una reunión de su consejo de administración en la que se analizaron las cuentas de 2001 y 2002, que no fueron firmadas por los sindicatos UGT y CC OO, presentes en el consejo.

El grupo público debe todavía 17 millones a la empresa vasca

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no puede olvidarse de sus compromisos con Babcock Borsig España. El grupo público firmó en el proceso de privatización un acuerdo por el cual se comprometía a aportar, a partir de enero de 2002, un total de 54 millones de euros en nueve plazos trimestrales. A finales de septiembre de 2002, PricewaterhouseCoopers, el auditor de la compañía fabricante de bienes de equipo, firmó las cuentas y señaló que la empresa vasca había cobrado tres plazos por un importe de 23,3 millones de euros.A finales de marzo debería recibir otros 15,6 millones de euros de la SEPI, así que todavía el grupo público debe desembolsar otros 17 millones. Su responsabilidad por este compromiso finaliza el 24 de octubre de 2004, según se hace constar en la memoria de Babcock Borsig España.La situación de emergencia en la que se encuentra la filial española de Borsig es reflejada por el auditor, que, sin embargo, aclara que al momento de la formulación de las cuentas anuales de la empresa 'contaba con el apoyo financiero de su antiguo accionista (la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), por lo que no prevé que el proceso concursal de su matriz le obligue, a corto plazo, a presentar un expediente de suspensión de pagos o quiebra'. El auditor señala también que la empresa ha realizado dotaciones por un importe de 68,5 millones de euros, 'para potenciales pérdidas futuras en proyectos en curso y reestructuración futura de la sociedad'.Las cuentas, en cualquier caso, no salen. Al desvío de 22 millones de euros a Alemania se suman unas importantes pérdidas con relación al tamaño de la compañía. En 2001, los números rojos ascendieron a 105 millones, con unas ventas de 31 millones. Hasta septiembre de 2002, las pérdidas de explotación superaron los 56 millones, con una facturación de 67 millones.