Las cotizadas deberán presentar un informe anual de buen gobierno
Las empresas cotizadas van a estrenar nuevas normas. El Consejo de Ministros aprobó ayer remitir al Congreso un proyecto de ley para reforzar la confianza en los mercados, mejorar la transparencia y los derechos de los accionistas y velar por el interés del inversor. El proyecto introduce modificaciones tanto en la Ley de Sociedades Anónimas como en la del Mercado de Valores para tipificar las nuevas obligaciones que se imponen a las cotizadas en materia de información corporativa y su publicidad.
Entre las medidas que contempla el proyecto destaca la obligación de las compañías de hacer público un informe anual de gobierno corporativo que deberá presentar a la CNMV. Las empresas deberán incluir información sobre la estructura de la propiedad y de la administración, del funcionamiento de los órganos sociales, de las operaciones vinculadas e intragrupo y de los sistemas de control de riesgo. Cuando entre las entidades sujetas a ese deber de publicidad se encuentren entidades de crédito, aseguradoras o gestoras de fondos de pensiones, la CNMV enviará una copia del informe a sus supervisores (Banco de España, Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones).
Otra de las nuevas obligaciones que deberán cumplir las entidades cotizadas una vez se apruebe la nueva ley será la de modificar los estatutos sociales para elaborar reglamentos de funcionamiento de la junta general de accionistas y del consejo de administración. Tal como recomendaba el Informe Aldama, ambos reglamentos deberán comunicarse a la CNMV y depositarse en el Registro Mercantil.
El proyecto de ley trata de mejorar de manera sustancial la posibilidad de que los accionistas estén bien informados. Además de tener la posibilidad de solicitar informes o aclaraciones sobre los asuntos a tratar en la junta, podrán formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Y, en los casos en los que los accionistas requieran información durante la junta y los administradores no puedan proporcionársela en el momento, éstos tendrán la obligación de contestarles por escrito dentro de la semana siguiente.
Voto por correo digital
También se pretende fomentar la participación de los accionistas en las juntas. Con este objetivo se permitirá que las propuestas sobre puntos del orden del día se voten por correo postal o electrónico. Fernando Igartua, del bufete Gómez Acebo & Pombo, asegura que se trata de una medida muy importante. En la actualidad se producen delegaciones masivas de voto en las juntas porque a los pequeños accionistas no les compensa asistir. Así se podrá manifestar la voluntad real de los accionistas.
La futura ley reforzará, asimismo, los deberes de lealtad, transparencia y diligencia de los administradores.
æpermil;stos no deberán ejercitar su derecho de voto cuando exista algún tipo de conflicto de intereses. También deberán abstenerse de realizar o sugerir a otra persona que aproveche una operación sobre valores de la propia sociedad o de las filiales sobre las que, por razón de su cargo, disponga de información privilegiada. La responsabilidad de los administradores se extenderá además a los directivos de las empresas cotizadas.
Los administradores de la sociedad dominante deberán responder también de los daños que causen por las instrucciones que den a los socios de una sociedad dominada.