La debilidad económica agrava la solvencia de Uruguay
Recientemente el Gobierno uruguayo alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la puesta en marcha de un programa económico y la obtención de ayuda financiera por un importe de 2.300 millones de dólares (más de 2.100 millones de euros) para el periodo 2003-2005. Aunque aún no se han dado a conocer con detalle los términos del acuerdo, su principal objetivo es asegurar la recuperación de la economía y la sostenibilidad de su crecimiento a medio plazo.
Entre las medidas acordadas destacan el incremento del superávit primario y la reestructuración del sector bancario. Uruguay ha sufrido, en efecto, en los últimos años una serie de shocks externos que han colocado a la economía en una situación de extrema debilidad.
Sin embargo, han sido la crisis argentina y el posterior episodio de incertidumbre vivido en Brasil los principales responsables del deterioro del cuadro recesivo que presenta actualmente el país. Así, en 2002, la economía se contrajo cerca de un 10%, el peso uruguayo se depreció un 47% y la inflación alcanzó el 27%. La fuerte contracción de la demanda externa proveniente de Argentina y Brasil, junto con la pérdida de competitividad que suponen las aún mayores depreciaciones sufridas por las divisas de esos países no auguran, tampoco, una rápida recuperación del sector externo uruguayo, aunque la situación financiera ha mejorado gracias a la rápida intervención de la comunidad financiera internacional y a una clara desaceleración de la fuga de capitales, pero sigue presentando una situación complicada que podría conducir a posibles dificultades de solvencia.
La deuda externa alcanza los 11.400 millones de dólares, el 90% del PIB. En cuanto a su perfil, el 59% de los acreedores son privados y casi el 94% de la deuda está denominada en moneda extranjera, lo que explica su extrema vulnerabilidad a una depreciación del peso. En 2002, la fuerte caída de la divisa uruguaya frente al dólar supuso un incremento muy sustancial del peso de la deuda que el Gobierno sólo pudo asumir gracias a la ayuda financiera internacional.
Durante este año, y a pesar de contar con el apoyo del FMI, no se puede descartar por completo que la economía no vuelva a incurrir en nuevos riesgos de insolvencia. Según datos oficiales, el servicio de la deuda en 2003 asciende a 2.000 millones de dólares (1.828 millones de euros), mientras que las financiaciones previstas sólo parecen cubrir el 50% de este importe: 600 millones procedentes del préstamo del FMI y el resto del incremento del superávit primario que debería situarse en el 3,2% del PIB, frente al 0,5% de 2002. Es muy poco probable que, en las circunstancias actuales, los mercados asuman la financiación de estas necesidades y mucho menos que la Administración trate de afrontar el pago de sus compromisos mediante el incremento del superávit fiscal por encima del 4% del PIB, ante las dificultades políticas y sociales que entrañaría esta medida.
La alternativa más creíble es que las autoridades opten por una ampliación del plazo medio de la deuda, tratando con ello de aplazar los vencimientos más inmediatos. De cualquier forma, esta solución sólo parece plenamente viable si el Ejecutivo consigue corregir las perspectivas de la economía, algo que depende de la recuperación de las economías latinoamericanas y en especial de Argentina, pero también de la búsqueda, por parte del Gobierno, de mecanismos que permitan solucionar el problema del sistema financiero y aligerar el peso de la deuda externa en relación al PIB.