Los trabajadores podrán recurrir ante lo social decisiones del juez de la quiebra
Los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados acordaron ayer introducir enmiendas al proyecto de ley concursal para la modificación de los artículos que afectan a los derechos de los trabajadores. En palabras del Carlos Mantilla, ponente del PP, 'se ha pactado la redacción de un articulado que ha contado con las opiniones de todos los grupos parlamentarios, del Ministerio de Trabajo y de los sindicatos'.
Así, según la nueva redacción, los trabajadores podrán presentar recursos ante las salas de lo social de los tribunales superiores de justicia contra las decisiones del juez mercantil sobre suspensión, extinción o modificación de sus contratos. Una cuestión que era reivindicada por los sindicatos y que, según Manuel Silva, ponente de CiU para el proyecto, impedirá que se rompa la homogeneidad de la doctrina de los tribunales en este ámbito, ya que el proyecto inicial preveía que esas decisiones (como el resto de las adoptadas por el juez mercantil) fuesen recurridas ante la audiencia provincial correspondiente y no ante la legislación laboral.
También se mantiene el derecho de los trabajadores a presentar demandas individuales ante la jurisdicción ordinaria mientras la empresa está inmersa en el procedimiento de concurso, aunque habrá un límite. Cuando exista un número considerable de demandas no tendrán la consideración de individuales.
En cuanto a la movilidad geográfica relacionada con la rescisión de contrato aún está sujeta a discusión, aunque de momento se considera como límite la propia comunidad autónoma.
Los sindicatos y los comités de empresa, según Carlos Mantilla, vuelven a tener fuerza y podrán recurrir ante las autoridades laborales si no llegan a un acuerdo con la administración concursal. El juez mercantil podrá así contar con la opinión de la administración concursal, el comité de empresa y la autoridad laboral antes de tomar una decisión. Esta también podrá ser recurrida por los trabajadores ante los tribunales superiores de justicia.
Estas y otras nuevas disposiciones han servido para desbloquear las negociaciones que mantenían el Gobierno, algunos grupos parlamentarios y los sindicatos.
En total se han debatido 190 enmiendas de las que se han incorporado las más importantes tanto del PP como de PSOE, CiU, PNV y CC. Todos los grupos parlamentarios han introducido enmiendas encaminadas a garantizar los derechos de los trabajadores. Carlos Mantilla opina que 'esta ley es un gran avance y tenemos una redacción que conforma a todas las partes actuantes y esperemos que esto se traduzca en votos a favor para la aprobación de la ley'.
El objetivo de todos los grupos parlamentarios, señala Mantilla, 'es el de hacer una ley válida y operativa que prescinda del carácter partidista e ideológico porque se trata de defender la continuidad de las empresas y, por lo tanto, el mantenimiento de los puestos de trabajo. Creo que nos podemos dar por satisfechos de cómo va el proceso. La ley ha sido muy consensuada y hemos logrado dejar suficientemente satisfechos a todos aquellos a los que afecta y aunque no nos aplauden tampoco nos pegan'. Los partidos políticos volverán a reunirse los días 11 y 24 de marzo para seguir debatiendo las enmiendas que sigan vivas y está previsto que la ley sea aprobada por el Senado tres días después.