La CE insta a España a transponer la directiva de morosidad en comercio
La Comisión Europea (CE) ha requerido al Gobierno español, mediante un dictamen motivado, a que transponga la Directiva comunitaria 35/2000 sobre Morosidad en las Relaciones Comerciales. En esta comunicación, emitida el pasado 5 de febrero, la Comisión señala que una de cada tres quiebras empresariales se debe a la morosidad y el retraso en las transacciones comerciales, lo que produce una pérdida de unos 450.000 empleos anuales en la UE.
La directiva establece una serie de medidas legales para proteger al proveedor y fija en un máximo de 31 días el plazo de pago. Actualmente, la media ronda los 120 días, según fuentes de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas. La FIAB considera esta normativa 'fundamental para proteger los intereses del sector, uno de los principales perjudicados por el aplazamiento de pago aplicado por la distribución comercial'.
Según fuentes de la FIAB, los grandes culpables de estos aplazamientos son los híper, especialmente los de origen francés que incluyen duras cláusulas en los contratos con los proveedores. Esta patronal cifra en 12.000 millones de euros el lucro cesante derivado del retraso en los pagos.
Actualmente, el Ministerio de Justicia tiene redactado un borrador de proyecto de ley que ha frenado el de Economía dentro de la comisión interministerial que lleva el asunto. Fuentes de la FIAB achacan este retraso a que el Estado es uno de los principales morosos.
Westendorp
Por su parte, el presidente de la Comisión de Industria del Parlamento Europeo, Carlos Westendorp, denunció también ayer la falta de adecuación de la normativa española a la nueva directiva europea. El europarlamentario socialista, uno de los artífices de la tramitación de la ley europea, lamenta el carácter endémico 'en sectores como construcción y distribución'.
'En construcción y obras públicas, las Administraciones acaban pagando, pero lo hacen muy tarde, lo cual encarece los costes', advierte Westendorp. Pero el problema es mucho más grave en el sector de la distribución. 'Las grandes superficies se han acostumbrado a financiarse a cargo de los suministradores, que entregan al contado mientras que se les paga a plazos muy largos', señala.
Recuerda que la directiva no sólo recorta los plazos máximos de pago que se pueden pactar, sino que reconoce el derecho de litigación a las asociaciones profesionales. 'Es la única manera de que los suministradores puedan enfrentarse a clientes tan importantes como las grandes superficies', explica.