Los bancos venezolanos abandonan la huelga general contra Chávez
La banca privada de Venezuela decidió ayer normalizar sus operaciones a partir del lunes, después de trabajar durante más de un mes en horario restringido. La decisión de los banqueros llega justo después de las amenazas del presidente de la República, Hugo Chávez, de tomar represalias contra las entidades si no ampliaban su horario.
Los representantes bancarios insistieron ayer que el cierre parcial de las oficinas se ha producido 'por motivos de seguridad, no por cuestiones políticas'. Desde diciembre, los bancos privados abrían sólo tres horas, entre las 9 y las 12 horas. El cierre parcial ha sido interpretado desde el principio como un respaldo al paro nacional que la oposición mantiene desde el 2 de diciembre para forzar la salida de Chávez.
El sector financiero está muy presionado por el Gobierno. La banca no puede obviar que el Ejecutivo es el principal cliente. Aproximadamente el 40% de los activos del sistema financiero están vinculados a créditos al Gobierno, con unos intereses del 30% al 40%. La autoridad monetaria ha celebrado la decisión. 'Los bancos entendieron que el clima político está mejorando y ahora están cooperando', declaró ayer el presidente del Banco Central, Diego Luis Castellanos.
La decisión, tomada en asamblea por el Consejo Bancario Nacional y la Asociación Bancaria de Venezuela, supone un nuevo varapalo para la oposición. El cansancio va cundiendo y cada vez abren más comercios. Al mismo tiempo, el Gobierno está tomando duras medidas de ajuste, que la oposición califica de medidas de represalia.
La caída en picado del bolívar, que ha perdido un 31,4% de su valor respecto al dólar desde el inicio de la huelga, ha llevado al Ejecutivo a suspender el mercado cambiario hasta el 5 de febrero. El Gobierno congelará además los precios de la cesta básica y fijará el tipo de cambio. El argumento también es el de frenar la sangría de reservas, que ascienden a 11.054 millones de dólares, un 12,4% menos que el año anterior.
Otra de las medidas tomadas es la reestructura de la petrolera estatal PDVSA, cuya paralización es clave en la huelga, ya que aporta el 50% de los ingresos presupuestarios. El presidente de la compañía, Alí Rodríguez, reconoció ayer en una entrevista a la agencia gubernamental de noticias que 5.111 empleados, un 15% de la plantilla, han sido despedidos desde que empezó la protesta. El directivo señaló que los despidos seguirán 'con los que han abandonado su puesto'. La huelga ha provocado la suspensión de más de dos tercios de la producción diaria de tres millones de barriles.