Botín considera el pago de 44 millones a Amusátegui un premio a su labor en el BCH
El presidente del SCH, Emilio Botín, y el ex presidente José María Amusátegui han coincidido en asegurar ante la juez Teresa Palacios que el pago de 43,75 millones de euros a este último fue un "premio" al trabajo realizado durante su mandato en el BCH y no una indemnización por su salida anticipada del banco.
Botín y Amusátegui han declarado esta mañana como imputados a petición de la fiscalía de la Audiencia Nacional y después de que el abogado Francisco Franco Otegui presentara una querella en su contra en la que les acusa de delito societario o de estafa por el abono de esa "astronómica cantidad" sin informar a los accionistas.
Fuentes jurídicas que estuvieron presentes en ambas declaraciones señalaron que ambos explicaron que la cuantía que debía cobrar Amusátegui al dejar el banco se pactó el 15 de enero de 1999, cuando se aprobó la fusión, y correspondía a los servicios prestados desde 1985 en el BCH.
En concreto, Botín citó, como ejemplo de los beneficios que Amusátegui había aportado a la entidad, la operación de compra de acciones de Airtel, que produjo al grupo unas plusvalías de más de 4.800 millones de euros.
Con estas afirmaciones, desmintió que el pago a Amusátegui fuera una compensación pactada en agosto de 2001 para acabar con la lucha de poder que había entre ambos, según la querella presentada contra ellos.
Los que compartieran la presidencia del SCH durante más de dos años insistieron en que este "premio" no era un beneficio procedente de la unión entre el Santander y el BCH y, por tanto, no era obligatorio hacerlo constar en los pactos de fusión.
Según fuentes jurídicas, en el contrato en el que se estableció el pago de los 43,75 millones de euros -aportado por el SCH a la causa-, se fija que Amusátegui recibirá, además, una pensión de jubilación de 5,106 millones de euros anuales y el 70% del sueldo de un consejero de su nivel, entre otros beneficios.
Botín y Amusátegui destacaron que sólo se pactaron condiciones de jubilación para Amusátegui ya que era él quien debía dejar la entidad después de tres años de copresidencia, mientras que Botín permanecería en el cargo.
Ambos coincidieron también en reconocer que en el momento de la fusión se pactaron condiciones especiales de jubilación para todos los consejeros procedentes del BCH, aunque hicieron hincapié en que tampoco era un beneficio de la fusión, sino un pago por su trabajo realizado en esa entidad en los años anteriores.
El letrado del querellante aseguró al término de la declaración que Botín y Amusátegui cometieron un delito societario al no hacer constar en los pactos de fusión estos acuerdos, mientras que desde la defensa de ambos se destacó que no eran beneficios procedentes de la fusión, sino premios por sus trabajos anteriores y, por tanto, no tenían por qué reflejarlo.
Relataron que, por ello y para "salvaguardar la intimidad de los afectados", no había necesidad de informar a la junta de accionistas, sino únicamente al consejo de administración, que dio su visto bueno a estas condiciones en cuatro ocasiones.
En concreto, el consejo trató de estos pagos en abril de 1997, en su primera reunión tras la fusión; en agosto de 2001, en la dimisión de Amusátegui; en marzo del 2002, en la aprobación de las cuentas de 2001, y meses después, cuando los medios de comunicación informaron de la querella.
Al término de sus comparecencias, Botín se negó a contestar a las preguntas de los periodistas y se limitó a asegurar que "hoy no hay comentarios que hacer", mientras que Amusátegui afirmó estar "totalmente tranquilo" y "satisfecho de cómo han ido las cosas".