Tribuna

Del dicho al hecho

Nada más publicarse el IPC correspondiente a diciembre, apareció la foto de Pablo, un pensionista de la Seguridad Social, en todos los periódicos del país, en anuncios de todas las cadenas de televisión y se habló de él en cuñas radiofónicas de todas las emisoras de radio.

Sobre su imagen se había diseñado una vasta campaña publicitaria, patrocinada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para anunciar el 'gran esfuerzo humano y material' realizado por la Seguridad Social a fin de que los más de ocho millones de pensionistas, como Pablo, pudieran cobrar a partir del 15 de enero, una paga compensatoria por la desviación del IPC para mantener el poder adquisitivo de sus pensiones.

El eslogan de la campaña, destacado en grandes caracteres, es 'Dicho y hecho', como si se tratase de una promesa pronunciada por el Gobierno que ahora se cumple con absoluta diligencia.

Sin embargo, del dicho al hecho media la realidad. Un trecho bastante considerable que últimamente separa lo que anuncia el Gobierno de lo que realmente está sucediendo en España, ya sea sobre la catástrofe del Prestige, la ecuación entre menos impuestos y más seguridad (privada, faltaría apostillar) o el vaticinio de los milagrosos efectos inmediatos de la descomunal reforma del Código Penal, que una vez entre en vigor hará desaparecer de la faz de nuestras ciudades a los tironeros de bolsos y teléfonos móviles.

En el caso que nos ocupa, la revalorización automática de las pensiones, el dicho que más se ajusta a la realidad, para empezar, es que no se trata de una promesa del Gobierno, sino que es fruto del pacto logrado por los sindicatos UGT y CC OO en 1996 con el Gobierno, en el marco del acuerdo que sirvió para materializar el Pacto de Toledo, suscrito por todos los grupos parlamentarios y el entonces Gobierno socialista al final de su última legislatura.

No obstante, habría que seguir diciendo que asegurar por ley el pago a los pensionistas de las desviaciones sufridas por el IPC era una reivindicación sindical anterior al citado Pacto de Toledo, reclamada ya en la huelga general del 14-D (1988), reiterada desde entonces por el movimiento sindical en sucesivas movilizaciones y que empezó a fructificar en un primer acuerdo de actualización de las pensiones para el ejercicio de 1995 con el último Gobierno del PSOE, aunque sin que el compromiso alcanzase el rango de ley.

De lo anterior se deduce también que los esfuerzos que han hecho posible que los jubilados puedan mantener hoy el poder adquisitivo de sus pensiones no son los que graciosa y unilateralmente hace el Gobierno, como parece desprenderse de su engañosa publicidad, sino los que con tesón y constancia realizaron el movimiento sindical y los trabajadores de nuestro país en general, los que estando en activo tomaron conciencia de la importancia de defender un sistema público de reparto y de solidaridad intergeneracional y los pensionistas sindicados que no han dejado de luchar por la dignificación de las pensiones.

Por otra parte hay que seguir aclarando que el periodo de referencia pactado para determinar la cuantía de la revalorización anual de las pensiones es el comprendido entre noviembre del año anterior, en el que se marca el incremento de las retribuciones con el IPC previsto en los Presupuestos generales y noviembre del ejercicio presupuestado, cuando transcurrido un año se verifica el grado de desviación registrado por los precios respecto de las previsiones iniciales.

Intervalo escogido con el fin de facilitar los tareas administrativas de la Seguridad Social con el tiempo suficiente para que efectivamente los pensionistas pudieran cobrar la diferencia durante el mes de enero.

Por tanto no ha habido tanta diligencia ni adelanto, sino un mes de retraso, ya que puestos a anunciar el cumplimiento del pacto y el pago de un derecho legalmente reconocido, debería haberse hecho la publicidad en diciembre. Y haberla hecho de común acuerdo con la otra parte contratante, los sindicatos CC OO y UGT, reseñando sus siglas en los anuncios con igual relevancia que las del ministerio, puesto que son los legítimos coprotagonistas de esa garantía que contribuye a mejorar la calidad de vida de los jubilados y pensionistas.

Aunque mejor contribución habría sido que el Gobierno no hubiera fracasado tan estrepitosamente en sus previsiones, provocando que durante todo un año y mes tras mes, la subida de las pensiones no diera para alcanzar las alzas de los precios. Pero ya se sabe que entre decir lo que realmente se corresponde con los hechos y lo que le interesa decir a los Gobiernos en cada momento media la distorsión de la realidad, que es el electoralismo.