División en el partido de Bush sobre la viabilidad del plan de estímulo
El vicepresidente Dick Cheney, poco pródigo en comparecencias, defendió en un discurso el paquete de estímulo fiscal presentado por George Bush el pasado 7 de enero. El jueves fueron el consejero de la Casa Blanca Karl Rove y Stephen Friedman, nuevo director del Consejo Económico Nacional, ante 200 empresarios, los que recogieron el testigo. Un día antes, dos asesores del Departamento del Tesoro daban explicaciones a firmas de inversión que seguían sin ver del todo claro este recorte fiscal, valorado en 674.000 millones de dólares durante una década. La mitad de este dinero que dejará de ingresar el fisco llega por una discutida eliminación del impuesto sobre dividendos.
Y es que la Casa Blanca quiere asegurarse de que todos los apoyos con los que contaba para un segundo recorte fiscal en esta legislatura no se han quebrado y difunde el mensaje de que esta medida animará la economía. En este sentido, han sido muy significativos los comentarios hechos por el banco de inversión Merrill Lynch, que aseguraba que 'en los detalles estaban los peligros de una legislación' que no se ha explicado del todo. La mayoría de los analistas de Wall Street creen que los beneficios que ven en la Casa Blanca serán menores.
En un tono de más indiferencia se manifestó el presidente de International Paper y cabeza del grupo de presión Business Roundtable. John Dillon alabó el plan de Bush, aunque señaló que para su empresa el impacto en el precio de la acción sería 'ligeramente positivo' y los costes de inversión se reducirían marginalmente.
Tampoco hay consenso entre los miembros del Partido Republicano, que domina ambas Cámaras del Congreso. Un grupo de 11 senadores republicanos y demócratas se ha reunido para diseñar una alternativa más barata. Este grupo de senadores asegura que no hay una inmediata correlación entre la eliminación del gravamen a los dividendos y la animación económica.
El senador republicano Charles Grassley, presidente del Comité Financiero del Senado, ha asistido a estas reuniones y ha manifestado que desearía que se pusiera más énfasis en el recorte de impuestos de las pequeñas empresas y menos en las grandes. Bush necesita 10 votos demócratas además de la unanimidad republicana que, de momento, no existe.
Los ayudantes de Grassley dicen que la comisión del Senado tiene más prisa por confirmar el nombramiento de John Snow como secretario del Tesoro el 27 de enero, y necesitará tres comparecencias posteriores para analizar el paquete fiscal. Todo ello coincidiría con las fechas que se barajan para una posible guerra contra Sadam Husein, lo que dilataría el proceso.
Para este grupo disidente republicano hay preocupación por el aumento del déficit, que el miércoles el director de la Oficina del Presupuesto, Mitchell Daniels, cifró en 200.000 millones de dólares para 2003 y 300.000 para 2004. Este cálculo incluye el coste del plan fiscal, pero no el de la guerra. Daniels dijo que habrá déficit en los siguientes 10 años.
Como fuerza contraria y preparando las armas para el debate, otro grupo de republicanos, encabezados por el líder del partido en la Cámara de Representantes, Tom Delay, está intentando añadir más recortes a este plan destinados a animar la inversión y que no han sido del todo contemplados por el plan de Bush. Para los observadores, esta táctica que eleva el coste del estímulo fiscal tiene como objetivo presentar un debate con un programa de máximos que asegure una negociación a la baja que deje el plan de Bush como él lo propuso.