Más novedades para el sector
Recién aprobada la Ley de Reforma del IRPF, por la que se permite traspasar el capital de un fondo a otro sin coste fiscal, el sector de la inversión colectiva ya está pendiente de las nuevas transformaciones que traerá la próxima Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, y que entrará en vigor previsiblemente en febrero. El objetivo de esta ley es transponer el contenido de las directivas que aprobó la Comisión Europea en 2002 en materia de inversión colectiva, y que conlleva novedades tanto para las gestoras como para el destino de las inversiones de los fondos de inversión.
Quizá lo más relevante se refiere a las gestoras de fondos de inversión, para las que se crea un pasaporte comunitario, similar al que ya tienen los fondos de la UE y que agiliza su venta en toda la Unión. El pasaporte comunitario facilitará a las gestoras su expansión en toda Europa, pues les permitirá abrir sucursales en otros Estados de la UE y prestar servicios de manera transfronteriza. De igual manera, las gestoras europeas podrán hacer lo propio en España. 'Esta es una medida positiva, porque permite la libre comercialización en toda Europa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada país es distinto y pone sus propias trabas a la llegada de gestoras extranjeras', apunta Ramón Esteruelas, director de Clientes Institucionales de ING Investment Management.
El anteproyecto de ley amplía asimismo las actividades que pueden realizar las gestoras, que además de gestionar fondos de inversión podrán gestionar carteras individuales, asesorar sobre inversiones financieras y custodiar y administrar las participaciones de las instituciones de inversión colectiva. Este nuevo horizonte de servicios permitirá aprovechar el nuevo marco nacido con la Ley de Reforma del IRPF, a raíz del cual gestoras y entidades se están lanzando a prestar servicios de gestión activa de carteras de fondos y asesoramiento para atraer a los clientes de otras gestoras. De igual manera, están abriendo su oferta a fondos de terceros.
La futura ley amplía los servicios que pueden prestar las gestoras, pero también las obligaciones. Por ejemplo, se refuerza la separación dentro de un mismo grupo entre la sociedad gestora y el depositario de los valores en que invierte el fondo, para evitar conflictos de interés. Para ello se exige que los procedimientos de separación se especifiquen en los reglamentos internos de conducta. Una comisión independiente creada en el seno del consejo de administración velará por el cumplimiento de esos requisitos. 'La medida es bastante obvia, y no debería tener lugar conflicto de interés si gestora y depositario se ciñeran exclusivamente a sus cometidos', sostiene Juan Briz, miembro de la división de depositaría y administración de BNP Paribas Securities Services. 'Lo ideal sería que hubiera menos depositarios, más especializados y que no fueran del mismo grupo que la gestora. Ello permitiría comisiones más bajas y mejores servicios'.
Otro aspecto de la futura ley ha causado no poco revuelo entre las gestoras. Con el objeto de proteger los intereses de los partícipes, el anteproyecto obliga a las gestoras a ejercer todos los derechos correspondientes a los valores que compongan la cartera de cada fondo, como puede ser ejercer el derecho de voto en las juntas de las compañías cotizadas. El objetivo es, además, favorecer el buen gobierno de las empresas, para evitar escándalos como los protagonizados el año pasado por compañías como Enron o Worldcom.
'La asistencia de los fondos a las juntas ocurre a menudo en países como EE UU, cuando la participación del fondo en una empresa es muy elevada', explica Esteruelas. 'Pero el objetivo de muchos fondos no es tanto participar en la gestión de la empresa como en su evolución; es una inversión más financiera'.
En este sentido coincide Juan Briz: 'Los fondos españoles son muy pequeños y también lo son las participaciones que tienen en las empresas. Contratar un servicio específico de asistencia a Juntas, como existen en el mundo, es muy costoso y no compensa con ese tamaño'.
El anteproyecto da un paso más en la defensa de los inversores, al obligar a las gestoras a crear un departamento de atención al cliente que atienda las quejas y reclamaciones de los partícipes. Se impulsa, además, el envío en todo momento de la información disponible al partícipe, aprovechando 'las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información'.
Con respecto a los fondos, destaca la flexibilización de la política de inversión de las instituciones de inversión colectiva, que podrán invertir en depósitos, derivados negociados o no en mercados organizados, en participaciones en otros fondos armonizados o no armonizados (con pasaporte europeo o no) y, en definitiva, 'permitiendo la inversión en prácticamente todo tipo de activo financiero'. De hecho, desaparecerán las categorías de los fondos que distinguían entre FIM y Fiamm (monetarios), lo que dará pie, a juicio de los expertos, al lanzamiento de fondos de inversión mucho más complejos.