La firma digital permanece en punto muerto
La falta de normativa y de trámites que pueden realizarse en la actualidad impiden la generalización de su uso
La firma digital no ha resultado ser la panacea para vencer la desconfianza del ciudadano hacia Internet. La confidencialidad y seguridad que proporciona a las transacciones en línea no han logrado atraer su interés, relegando su uso a la relación con las Administraciones públicas y a la transmisión de documentos entre miembros de un mismo colectivo profesional. Los huecos legales de la normativa que regula su empleo desde 1999 y el desinterés del público sitúan en sólo 500.000 el número de estos certificados emitidos en España.
La firma digital o electrónica es un sistema de encriptación que permite cifrar los documentos enviados por Internet y que garantiza que el mensaje emitido no puede ser intervenido ni modificado en su trayecto y que quien lo envía es realmente quien dice ser. En la práctica, puede ser un software integrado en el ordenador que el internauta utiliza cada vez que emite un mensaje o documento por la Red o una tarjeta que se introduce en un aparato lector que el usuario ha acoplado a su equipo.
Después de cuatro años de andadura (si tomamos como punto de partida el Real Decreto-Ley 14/1999, de Firma Electrónica) y tras demostrar que es un método seguro, la firma digital se emplea para poco más que para presentar la declaración de la renta a través de Internet e intercambiar información entre colegios profesionales ¿Por qué? A juicio de Fernando Aparicio, profesor del Instituto de Empresa y director comercial de la firma Security Xperts, uno de los principales motivos del estancamiento de la firma digital en España es 'el punto muerto jurídico en el que se halla'. El problema fundamental es que el Gobierno no ha constituido, tal y como especifica la normativa, un organismo que se encargue de validar las entidades emisoras de los certificados digitales'. En este mismo sentido opina Jordi Blasco, socio del bufete de abogados Blasco Sellarés, que especifica que a pesar de que la normativa española que regula la firma digital fue pionera en Europa y una de las primeras del mundo, 'es muy ambiciosa en cuanto a su contenido, pero sus elevados requisitos hacen que difícilmente pueda cumplirse'.
Los huecos legales y el desinterés del público limitan a 500.000 el número de certificados emitidos en España desde 1999
En España existen cinco entidades certificadoras de ámbito nacional que emiten los documentos que identifican a cada persona con la clave que utiliza y que le permite firmar en línea. Son la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT); la ACE (Agencia de Certificación Electrónica), impulsada por Telefónica; Feste, un patronato formado por notarios, abogados y la Universidad de Zaragoza; Ipsca, una entidad participada por particulares, y Camerfirma, el servicio certificador desarrollado por las Cámaras de Comercio. De los cerca de 500.000 certificados que existen en España, la gran mayoría han sido expedidos por la FNMT, de manera gratuita.
El Gobierno está decidido a sacar a la firma digital de su actual estancamiento. Así, el Ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, anunció la semana pasada que el Consejo de Ministros aprobará la Ley de la Firma Electrónica en febrero, para que pueda publicarse durante esta legislatura, que finaliza en marzo del año que viene.
Los expertos dudan de que esta medida sea tan eficaz como pretende y que realmente estimule su desarrollo, pero creen acertada la posibilidad de que una empresa pueda disponer de un certificado digital sin depender de una persona física. Por otra parte, Sergio Ramón Ruiz, responsable del proyecto Ceres (la iniciativa de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para promover la emisión de los certificados), opina que 'la normativa que actualmente regula la firma digital ha quedado obsoleta, con lo que cualquier cambio que se introduzca en ella favorecerá su implantación'. En su opinión, los certificados en España están en pleno crecimiento. Según explica, 'desde Ceres creemos que la situación actual de la firma digital es buena, ya que desde el nacimiento del proyecto hemos duplicado el número de certificados emitidos año tras año'. El responsable de Ceres calcula que existen cerca de 246.000 usuarios activos en España que utilizan la firma digital validada por la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre para llevar a cabo la tramitación de documentos en línea. Estos son los únicos certificados válidos para poder realizar los servicios que ofrece el Ejecutivo central.
A pesar de que Sergio Ramón Ruiz valora positivamente la implantación de la firma digital, no niega que existan algunos obstáculos que impiden un mayor desarrollo. La poca oferta de servicios accesibles a través de las webs de los distintos ministerios supone el principal freno para captar el interés del ciudadano. Entre los trámites en línea, la presentación de la declaración de la renta, que ofrece la página de la Agencia Tributaria, es el procedimiento que más ha influido en familiarizar a los ciudadanos con la firma digital. Otro de los servicios que más ha calado entre la población es la posibilidad de consultar su vida laboral por Internet. Los expertos coinciden en que la gran mayoría de ciudadanos que operan a través de la Red tan sólo hacen un uso puntual de la firma, para llevar a cabo un trámite concreto. Por este motivo, señalan que tan importante como impulsar la realización de trámites en línea es fidelizar a aquellos ciudadanos que ya se han interesado por uno concreto y motivarle para que lleve a cabo un mayor número de gestiones.
El poco interés del ciudadano por la Administración a distancia también ha afectado a la continuidad de las principales agencias certificadoras españolas. 'Algunas de ellas atraviesan por una situación delicada y se están reestructurando', señalan fuentes del sector.
Un mercado sin competencia
En este sentido, el responsable de Ceres explica que 'la certificación no se ha de entender como una actividad orientada a obtener unos beneficios empresariales, sino ha de primar el interés de ofrecer un servicio público'. De esta manera, para poder rentabilizar los costes que las certificadoras hicieron efectivas para poder operar en este ámbito (que oscilan entre el millón y el millón y medio de euros), están ofreciendo los certificados a unos precios sumamente elevados, mientras que la expedida por la FNMT son gratuitos. Precisamente, ésta es la queja de Rodolfo Lomascolo, director de la entidad certificadora Ipsca: 'El Gobierno pone demasiado fácil la emisión a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Hay una directiva europea que establece que el mercado de certificación debe ser de libre competencia y difícilmente puede cumplirse si uno de los certificadores lo hace de manera gratuita'. El responsable de Ipsca considera que el Ejecutivo debería admitir los certificados de otras entidades que no sean los de la FNMT para hacer la declaración de la renta por Internet. 'Esta situación de falta de competencia no se da en países como Gran Bretaña o Alemania, donde sus Gobiernos han homologado a empresas privadas para que puedan utilizarse sus certificados en la relación con las Administraciones'.
Al margen de la normativa ineficaz y de la poca oferta de gestiones en línea con las Administraciones, la realidad es que los ciudadanos consideran la firma digital poco útil para su vida diaria. 'El verdadero interés por su uso surgirá en el momento en que el ciudadano perciba la firma digital como una vía para hacer más cómodas las relaciones con la Administración', explica Jordi Blasco. Para Lomascolo la utilización de la firma electrónica depende de encontrar un equilibrio entre el coste de implantarla y el riesgo de no utilizarla. Lomascolo argumenta que no tiene sentido exigir un certificado electrónico en la banca doméstica 'para comprobar si te han ingresado la nómina, pero sí que puede tener sentido para proteger la orden que da una empresa por Internet a su entidad financiera para que proceda al pago de la nómina de sus 200 trabajadores'.
Por su parte, Enric Colet, director de sistemas de información de la escuela de negocios Esade, explica que la firma digital ha quedado circunscrita a aquellas relaciones que necesitan un nivel de seguridad más elevado, que coincide con los ámbitos públicos, 'en el mundo de negocios privados se utiliza muy poco'. Algunas empresas, como Telefónica, han comenzado a formalizar contratos con sus clientes y proveedores en línea mediante firma electrónica, con ahorros importantes para las compañías que se adhieren al sistema. Pero por contra, y según explica Colet, algún gran grupo, como Gas Natural, ha realizado subastas con proveedores de servicios en la Red sin recurrir a la firma digital. 'No creo que llegue a implantarse en el mundo empresarial privado, donde la confianza mutua entre las partes se presupone'.
Otro de los frenos para el desarrollo de la firma digital ha sido el coste de algunos sistemas necesarios para su implantación. Rodolfo Lomascolo explica que el coste de un equipo de lector de tarjetas, tarjeta y software puede costar entre 60 y 100 euros. A pesar de la situación actual, sigue creyendo que la firma digital tiene futuro, 'es la solución para colegios profesionales y para muchísimas empresas'. Para ilustrar este último caso cita como ejemplo una farmacéutica que envía los resultados de los análisis a los médicos a través de Internet protegidos por la seguridad de la firma electrónica.
Puente entre mundo local y Generalitat
A partir de la próxima semana, Cataluña contará con una agencia de certificación electrónica que en una primera fase centrará su actividad en ofrecer a las Administraciones catalanas y a los funcionarios su propio certificado digital. El objetivo que persigue la entidad, denominada Catcert, es mejorar las comunicaciones que llevan a cabo entre sí las distintas Administraciones gracias a la firma digital. En un primer momento, el certificado será únicamente accesible para los distintos departamentos englobados dentro de la Generalitat. El proyecto también quiere abrirse a los ayuntamientos catalanes que actualmente ya ofrecen servicios en línea que requieren firma digital. El certificado es gratuito para los miembros de Administraciones, aunque aquellos que emitan para colectivos profesionales, campo al que Catcert también quiere dirigir sus certificados en un futuro, tendrán un coste cercano a los seis euros. Su intención es que adopten el sistema de cifrado Catcert y que abandonen el actual, emitido por otra entidad certificadora. 'Pretendemos convertirnos en la agencia certificadora de referencia para todas las Administraciones públicas catalanas; ayuntamientos, diputaciones o consejos comarcales', explica Maria æeuro;ngels Barbarà, presidenta de Catcert. El consejero jefe de la Generalitat catalana, Artur Mas, mostró su confianza, durante la presentación de la agencia de certificación catalana, de que el nuevo organismo mejore las relaciones entre la Generalitat y el mundo local. 'Se ha discutido mucho acerca de cómo mejorar la comunicación entre las distintas Administraciones catalanas y creemos que la creación de Catcert es la mejor vía para lograr este propósito', indicó Mas. El organismo está impulsado por el Consorcio para la Administración Abierta de Cataluña, promovido por la Generalitat y por los ayuntamientos catalanes. Su presupuesto anual supera los tres millones de euros.
Los colegios profesionales sí firman
Los colegios profesionales es uno de los campos donde la firma electrónica ha tenido más implantación. En mayo del año pasado los notarios se convirtieron en el primer colectivo profesional en beneficiarse de sus ventajas. Gracias a su utilización de los certificados digitales, los notarios pueden enviarse por Internet copias de escrituras o expedir copias simples.En los últimos meses, varios colectivos profesionales han creado sistemas similares. Pero alguno de ellos, concretamente el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona, no han incorporado en su programa de visado la firma digital. El nuevo sistema de trabajo les evita tener que desplazarse a la sede de sus asociaciones para obtener el visado de las obras que están controlando. La seguridad del proceso se basa únicamente en que cada colegiado tiene un nombre de usuario y una clave. El sistema no incorpora la firma digital 'porque complicaría mucho el proceso', según explican fuentes del departamento de comunicación del colegio barcelonés. 'Consideramos que el nombre de usuario y la clave son suficientes para garantizar la seguridad, porque en principio nadie tiene interés en certificar una obra que comporta un pago asociado si no es el aparejador que está controlando su desarrollo'. Desde el colegio reconocen que lo que sí puede ocurrir es que se visen obras con un presupuesto inferior al que tienen realmente, 'pero eso puede pasar también ahora con los visados en la ventanilla'. Entre los sistemas utilizados por colegios profesionales que sí incorporan la firma digital destaca el que emplean para visar por la Red varios colegios de arquitectos de España, desarrollado por Isoco. Por su parte, el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona empezó a trabajar el pasado mes de diciembre con un programa para visar en línea, desarrollado por la compañía E-xtendnow, del Banco Sabadell, que también incorpora el empleo de la firma digital para garantizar la seguridad del proceso.