El Gobierno ha destinado 260 millones a paliar la catástrofe del 'Prestige'
El Gobierno ha destinado hasta el momento 260 millones del presupuesto de 2002 para paliar los daños ocasionados por el hundimiento del petrolero Prestige. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó ayer en rueda de prensa que dicha cantidad corresponde a las actuaciones de los seis ministerios implicados en la catástrofe y otros organismos públicos.
Montoro admitió que el Gobierno aún no ha realizado una estimación del gasto presupuestario que se destinará en 2003 a esta 'catástrofe ecológica', aunque subrayó que el Ejecutivo 'afrontará las consecuencias' del mismo. La Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada este año y que entrará en vigor en 2003, elimina la posibilidad de desviaciones e impone un máximo de gasto para el Estado, lo que puede chocar con las ayudas monetarias requeridas por la crisis del Prestige. La misma ley contempla en casos extraordinarios dejar sin efecto el límite fijado de gasto público.
El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, exigió ayer al Gobierno más ayudas. Zapatero, que visitó zonas afectadas por el vertido en Asturias, reclamó a Aznar que 'baje a la realidad' y 'ponga más medios'.
De las 1.064 playas que tienen las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, 550 se han visto afectadas por el vertido de crudo y se han recogido por ahora más de 31.216 toneladas de fuel, de las cuales 26.012 se han recuperado en Galicia, según datos de Europa Press.
El PP elude comparecencias
No habrá responsables del Gobierno central en las comparecencias ante la Comisión de Investigación del Parlamento gallego, tal y como habían solicitado los grupos de la oposición en sus propuestas de listas de comparecencias. Los votos del Partido Popular de Galicia las han limitado a 'los responsables autonómicos'. En las listas, finalmente, sí se han incluido las intervenciones del delegado del Gobierno en Galicia y el capitán del Prestige, además de los consejeros de Justicia, Sanidad y Política Territorial. En total, serán cerca de 50 las comparecencias.
Por otro lado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel Ángel Arias Cañete, informó ayer de que al menos 27 barcos gallegos ya han aceptado la oferta del Reino de Marruecos de permitir faenar en sus aguas durante tres meses.
El ministro aseguró que, de momento, no se ha recibido ninguna solicitud formal a este ofrecimiento por parte de embarcaciones de Cantabria y Asturias. El plazo de presentación de solicitudes termina el 3 de enero y los que se acojan a ellas dejarán de percibir las ayudas directas de los Gobiernos central y autonómico, según recordó el ministro, que calculó en 600 los marineros que podrían beneficiarse en total de la oferta del Reino alahuí. Los barcos que se acojan a la oferta marroquí podrán iniciar su actividad a partir del 15 del próximo mes.
Manuel Fraga presidirá el patronato de la Fundación Arao, constituida ayer en Santiago de Compostela, con la que se pretenden canalizar las donaciones de particulares, instituciones europeas, organizaciones no gubernamentales o empresas destinadas a contrarrestar los efectos del hundimiento del petrolero.
La ciudadanía exige dimisiones en el sondeo de la SER
Un 53% de los españoles considera que debería haber dimisiones por la gestión de la catástrofe del Prestige, según los datos del Pulsómetro realizado por el Instituto Opina para la Cadena SER y dados a conocer ayer. Manuel Fraga debería retirarse de su cargo para un 55% de los encuestados, frente a un 28% de votos en contra.La decisión de alejar el petrolero de la costa gallega fue un error para el 56% de los españoles, según el mismo estudio, sobre un 25% que la considera acertada. Los resultados muestran también que cerca del 70% de los españoles no cree que la oposición haya sido desleal y antipatriota por sus críticas al Gobierno. Un 84% de los encuestados opina además que el presidente del Gobierno, José María Aznar, debió acudir a las zonas afectadas por la marea negra, mientras que sólo un 10% considera que no era necesario. La exposición de estos datos coincidieron ayer con la insistencia mostrada por el ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, en asumir las responsabilidades de las decisiones adoptadas por su departamento, durante su comparecencia en la Comisión de Infraestructuras del Congreso. El ministro dijo que las autoridades marítimas, 'desde el primer momento', desaconsejaron llevar el barco a puerto y que remolcarlo hasta el puerto de A Coruña 'no ofrecía la más mínima seguridad'. Cascos argumentó la decisión aludiendo también a las conclusiones extraídas de un simulacro realizado en A Coruña en 2001.