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Economía cierra el expediente sobre HSBC sin aclarar las cuentas opacas

Los diputados del PSOE escucharon ayer las explicaciones del secretario de Estado de Economía sobre la conclusión del expediente abierto al HSBC, finalmente sancionado con 2,1 millones de euros por tres faltas graves, sin haber podido analizar con detalle la documentación enviada desde el ministerio. 40 carpetas fueron remitidas a la presidenta del Congreso en la tarde del martes y puestas a disposición de tres diputados del PP, PSOE e IU a las nueve de la noche. Como los documentos han sido clasificados materia reservada, los diputados no pudieron hacer fotocopias. Su estudio es vigilado por un funcionario de la Cámara baja.

La tardanza en recibir la documentación fue duramente criticada por la diputada socialista Maite Costa. 'El procedimiento utilizado no hace sino aumentar las sospechas de que no se ha querido aclarar nada', mantuvo, lo cual crea 'una alarma social sobre el funcionamiento del sistema financiero'.

De Guindos relató los motivos ya conocidos de las tres sanciones impuestas al HSBC -falta de identificación de los clientes de las cuentas cifradas, deficiente análisis de operaciones sospechosas y carencia de órganos internos de control- y aludió al secreto bancario que rige en Suiza para justificar la falta de avances en la investigación. Ahora les toca trabajar, argumentó, a la Agencia Tributaria, a la Fiscalía Anticorrupción y a la Audiencia Nacional, instancias a las que se ha remitido el expediente completo. A su juicio, todos los mecanismos de prevención del blanqueo de capitales han funcionado 'correctamente' y con la máxima diligencia. Además, alegó, la multa impuesta al banco británico es la más alta que se conoce hasta ahora.

Esta no es la opinión del PSOE. Maite Costa emplazó al Banco de España a dirigirse al Financial Service Authority (FSA), organismo supervisor del Reino Unido, para obligar a la matriz del HSBC de Londres a facilitar la identidad de los clientes finales de las 138 cuentas opacas. Esta es una vía posible no ensayada por el Banco de España. La otra consistiría en que la juez Teresa Palacios enviara una comisión rogatoria a Suiza capaz de romper el secreto bancario, paso que aún no ha dado ante la extrañeza de numerosos abogados personados en la causa.

 

Nueva ley de blanqueo

De Guindos confirmó ayer que el Gobierno trabaja en un nuevo proyecto de ley sobre movimiento de capitales que sustituirá a la Ley de Control de Cambios de 1979 y que aumentará 'cualitativa y cuantitativamente' el control sobre las transacciones en efectivo, tanto en territorio nacional como en la frontera. Será aprobado antes de fin de año.

Este proyecto permitirá que se pueda integrar la información tributaria en las investigaciones de operaciones de blanqueo.

El Gobierno aprobará también un proyecto de transposición de la segunda directiva antiblanqueo de la Unión Europea que, entre otras novedades, incluye todo delito grave, no sólo el narcotráfico o la delincuencia organizada, como generador de la actividad de blanqueo.

Cuando culmine la reforma legislativa, las entidades financieras tendrán que comunicar las operaciones en las que aprecien una legitimación de fondos procedente de un delito fiscal.

Los profesionales del Derecho también quedarán obligados a cumplir las obligaciones administrativas contra el blanqueo: identificación, comunicación de operaciones sospechosas y conservación de documentos.

Otras reformas en trámite obligarán a las entidades financieras a incorporar la identificación del verdadero cliente en las transferencias electrónicas que realicen. En un real decreto se precisarán las condiciones aplicables a los clientes que no se personen físicamente en la entidad y las que afecten a los bancos y cajas en la prestación de servicios de corresponsalías.

Economía también incluirá al director del Centro Nacional de Inteligencia en la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales.