Cajasur rechaza a la Junta y elige el control estatal
Cajasur decidió ayer, en un consejo de administración convocado con carácter de urgencia, acogerse a la Ley Financiera y pasar a depender, por tanto, del Gobierno central y no de la Junta de Andalucía. La nueva normativa de cajas establece que las entidades fundadas por la Iglesia pueden estar tuteladas por el Ministerio de Economía, que aprobará estatutos, reglamentos, presupuesto de la obra social y la autorización ante una eventual fusión.
En España existen tres cajas vinculadas a la Iglesia, pero sólo Cajasur ha decidido activar este derecho que le otorga la Ley Financiera. Tanto la Diputación de Córdoba, en su condición de entidad cofundadora de Cajasur, como la Junta de Andalucía han anunciado ya que recurrirán ante los tribunales la decisión adoptada por el consejo para que la caja cordobesa continúe bajo el control del Gobierno andaluz. Además, Junta y diputación preparan un recurso contra la misma Ley Financiera por este tratamiento de Cajasur.
El director general de la entidad, Francisco Jurado, quiso aclarar ayer que la sede social de la caja, su equipo directivo y los órganos rectores 'continuarán en Córdoba, desarrollando su obra social benéfica dentro y para la provincia y el resto de Andalucía'. Jurado justificó la decisión de Cajasur en el 'carácter fundacional histórico' de la entidad y en la defensa de la 'singularidad y la independencia de Cajasur'.
Con respecto a la polémica póliza que blinda la jubilación de Miguel Castillejo, el director de la Obra Social y Cultural, José Huertas, destacó que el presidente 'nunca va a poder rescatar los tres millones de euros anunciados'. Añadió que 'sólo en el momento que deje de ser presidente, Castillejo recibirá un complemento de pensión similar al de cualquier trabajador de la caja para poder seguir haciendo obras de misericordia'.
Por su parte, el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, denunció que Miguel Castillejo ha convocado al consejo 'con nocturnidad y alevosía' en alianza, según dijo, con el PP. Anunció que la Junta estudiará el acuerdo para analizar 'la atribución de competencias de cada institución en la caja y, si se derivara algún tipo de infracción de ley, actuará y llegará hasta los tribunales ordinarios'.
También avanzó Zarrías que los servicios jurídicos de la Junta tienen 'muy avanzado' el contenido del recurso de inconstitucionalidad que interpondrá la Junta contra la Ley Financiera por invasión de competencias, por lo que lo presentarán 'en el menor plazo posible' sin esperar a agotar el plazo establecido de tres meses.
Por su parte, la presidenta del PP andaluz, Teófila Martínez, opinó que la decisión de Cajasur 'evita que la entidad quede al servicio del PSOE'. También terció en la polémica el presidente de Unicaja, Braulio Medel, quien señaló que 'lo deseable sería lograr un acuerdo en torno a Cajasur, en lugar de tener que recurrir a los tribunales'.