Transmisión de la red eléctrica de transporte
Miguel A. Lasheras analiza la compra por REE de los activos de transporte de electricidad a Endesa y Fenosa. El autor considera que la operación se basa en la necesidad de estas empresas de obtener plusvalías
Tras varias vicisitudes, Red Eléctrica de España (REE) ha adquirido por 1.345 millones de euros la red de transporte de Endesa y de Unión Fenosa. Además, tiene un preacuerdo para entrar en el capital de CVC, el fondo americano que adquirió la red de Iberdrola, para hacerse con la gestión de la antigua red de ésta a partir de 2005.
La compraventa, al referirse a unos activos cuyos rendimientos están regulados, suscita dos cuestiones importantes: la de las ventajas de una gestión centralizada de los activos de transporte eléctrico y la del precio pagado por REE por su adquisición.
En primer lugar, parece darse por sentado que es bueno, desde el punto de vista de la regulación económica, que la propiedad de la red de transporte esté centralizada; que la red de alta tensión sea propiedad de una única empresa. Es cierto que existen ventajas de economías de escala al unificar la gestión de toda la red, pero también hay inconvenientes que deberían ser tenidos en cuenta cuando la gestión de la red transporte y la operación del sistema se sitúan en una misma organización. La operación del sistema eléctrico es la gestión simultánea de la seguridad y fiabilidad de la red y del cumplimiento, en condiciones no discriminatorias, de las transacciones económicas previamente contratadas en los mercados eléctricos.
Lo que REE pagará por los activos de transporte a Endesa y a Fenosa será poco o mucho según las tarifas que apruebe el Gobierno en los próximos años
En mi opinión, no se está prestando suficiente atención a los posibles conflictos de intereses que pueden existir entre la propiedad de la red y la operación del sistema. Tengamos en cuenta que en los países que están liberalizando el sector energético, hay muchos casos en que ambas competencias se mantienen separadas. Un ejemplo muy sencillo de conflicto de intereses es que los propietarios de la red pueden querer realizar las tareas de operación y mantenimiento de las líneas cuando menos costes directos tengan, digamos en días de diario y en jornada laboral y, sin embargo, desde el punto de vista de la operación del sistema, puede ser deseable realizar estas tareas en días festivos, aunque haya que pagar horas extraordinarias, porque la demanda de energía es menor en estos días y los costes soportados por los usuarios de la red serían también menores.
Otros ejemplos que evidencian también posibles conflictos de intereses son los que se refieren a la definición e implantación de criterios de seguridad por el operador del sistema en el funcionamiento de la red, o a decisiones en la operación que afecten a los ingresos de la red de transporte. ¿Qué interés debe prevalecer en este caso: el de los accionistas de Red Eléctrica o el de los usuarios del sistema eléctrico?
Un segundo punto es si el precio pagado es alto o bajo. Los activos de transporte son activos para los que no existe mercado, cuyo valor viene dado por los ingresos regulados esperados y asociados a estos activos. Estos ingresos dependen de unas tarifas que el Gobierno aprueba todos los años, según una metodología reglada.
Lo que REE va a pagar por estos activos será poco o mucho según sean las tarifas de transporte que aprueben los Gobiernos de los próximos años. Como no imagino diferencias de información importantes entre los vendedores y REE, y puesto que además el Gobierno es quien más debe saber acerca de qué tarifas estarán vigentes en los próximos años, y ha estado al tanto de las negociaciones porque la SEPI es accionista de REE y porque debe autorizar la transacción, el precio podemos considerarlo razonable. Pero lo será no por ser un precio de mercado, sino por ser un precio que es fruto de 'un compromiso regulatorio' para que REE recupere las cantidades invertidas en la adquisición de las redes más una tasa de retribución del capital con la que pagar a los accionistas, si se financia con capital propio, o a los titulares de la deuda, si se financia, como parece ser, mediante deuda externa.
En fin, las razones de consistencia de modelo regulatorio y de precio que se han dado para esta operación no me parecen inmediatas ni evidentes. Los motivos de esta operación se han de buscar también en el efecto que sobre el balance de los vendedores va a tener la enajenación de sus activos de transporte. La enajenación permite contabilizar plusvalías y sanear balances; lo que resulta interesante para los vendedores. Estas plusvalías son a cuenta de los ingresos futuros que paguen los usuarios de la red (si las tarifas de transporte cubren el valor hoy acordado) o de los accionistas de REE (si las tarifas futuras resultaran insuficientes). Todo depende, por tanto, del nivel de las tarifas futuras.