La fiscalía estima que 36.000 sociedades fantasma lograron fondos para cursos
Tanto el sindicato CC OO como la patronal CEOE se defendieron ayer de las acusaciones de fraude que se desprende del informe fiscalizador del Tribunal de Cuentas sobre los fondos de la UE que recibieron para formación entre 1996 y 1998. Sindicato y patronal alegaron que no existen irregularidades en el gasto de las subvenciones comunitarias y que sólo se trata de meras 'diferencias contables'. Son dos versiones encontradas que deberán aclararse.
Pero ambas organizaciones tienen otro frente en la Audiencia Nacional. Desde el pasado mes de julio la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la juez Teresa Palacios, en estrecha colaboración con la Brigada de Policía de Delitos Económicos, investigan un supuesto fraude de los fondos de formación recibidos de la UE durante el año 2001. Fuentes próximas a la investigación señalaron que el fraude es de 'dimensiones incalculables', aunque en un principio se estima que de los 630 millones de euros que se concedieron en ayudas 100 millones no se destinaron a formación. Las mismas fuentes aseguraron que esta cifra 'aumentará considerablemente'.
La fiscalía y la policía cuentan con datos que acreditan que de las 228.000 empresas que solicitaron a la UE subvenciones para formación, 36.000 no existían. De la investigación policial también se desprende que de los 159.000 cursos que se anunciaron el año pasado para dos millones de alumnos la gran mayoría son fraudulentos.
Se calcula que la investigación se prolongará durante tres años, por lo que se pedirán refuerzos para apoyar el juzgado de Teresa Palacios y es posible que se dediquen a este caso más miembros de la Brigada de la Policía Judicial.
Desde 1994 hasta 2000 el encargado de fiscalizar la Fundación para la Formación Continua (Forcem) era el Tribunal de Cuentas. A partir de 2001 es el Inem, quien ejerce el control. En la denuncia que tramita la juez Palacios no se dirigen acusaciones contra personas determinadas aunque sí enuncia a sindicatos y patronales como responsables. La policía está practicando declaraciones a trabajadores, profesores y empresarios. La juez aún no tiene previsto citar a nadie, aunque lo hará en breve. Los hechos se encuadran en un delito de fraude contra los intereses de la UE. No se descarta añadir otros delitos como apropiación indebida y falsedad documental.