CC OO y la patronal alegan 'diferencias contables' en el informe sobre Forcem

El supuesto uso fraudulento de los fondos de formación por parte de empresarios y sindicatos no es tal, sino una 'discrepancia de criterios contables' de los afectados con el Tribunal de Cuentas, que es el que ha auditado estas ayudas y cuyo informe ha revelado que hasta 14 organizaciones sindicales y empresariales deberían devolver al Inem 2,1 millones de euros. Eso es, al menos, lo que aseguraron ayer en su defensa responsables de CC OO, CEOE y Cepyme.

El secretario de Formación de Comisiones Obreras, Gregorio Marchán, precisó que el informe del Tribunal de Cuentas no obliga al reembolso de las cantidades denunciadas, sino que se trata de una auditoría inicial, a la que el sindicato ya ha presentado sus alegaciones, entendiendo que los 337.671 euros que se le reclaman (destinados a adecuar los locales donde se impartieron los cursos formativos) sí deben abonarse con cargo a las cuotas de formación. El Tribunal de Cuentas entiende en un principio que no, y el asunto está en fase de litigio.

El siguiente paso deberá darlo el propio tribunal, que deberá trasladar el caso a su Sala de Enjuiciamiento, si entiende que procede, y será ésta la que dictamine si existe o no delito penal. No obstante, CC OO resaltó que, de llegar a este punto, 'seguirán litigando hasta donde haga falta' porque 'no ha existido ninguna acción fraudulenta'.

Por su parte, fuentes de CEOE (a la que el informe reclama 246.290 euros) declararon también que ya han efectuado las correspondientes alegaciones y que se seguirán presentando los recursos que haga falta, ya que entienden, asimismo, que se trata de 'disparidad de criterios' a la hora de justificar las ayudas. Estas fuentes recordaron que recientemente el Tribunal de Cuentas publicó un informe similar correspondiente 1993-1995, y finalmente se dictaminó que la patronal no debía devolver ninguna cantidad.

'Sin suficiente calado'

El presidente de Cepyme, Jesús Bárcenas, negó igualmente la existencia de fraude en la gestión de fondos de formación por parte de su organización (a la que se reclama 175.470 euros) y manifestó que estos fallos 'no son de suficiente calado' como para cuestionar el funcionamiento de la Fundación para la Formación Continua (Forcem).

En lo que también coincidieron todos estas organizaciones fue en mostrar su 'profundo malestar' con el Tribunal de Cuentas por la forma en la que ha hecho público este informe.

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, señaló que este sindicato 'atenderá escrupulosamente a los requerimientos del tribunal. Si bien hizo hincapié en que su organización sólo se ha visto afectada en dos uniones territoriales y por valor de 'apenas 60.000 euros'.

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, anunció que el Ministerio de Trabajo prepara con los agentes sociales 'un nuevo formato de toda la financiación de la formación continua'. El cambio consistirá en reconocer a las comunidades autónomas más control sobre la gestión de estos fondos.

El Tribunal de Cuentas ha denunciado también que la Fundación Vasca para la Formación (Hobertuz) no ha aplicado 1,62 millones de euros de 1997 y 1998 y que debería devolver otros 2,2 millones empleados erróneamente.

Otra investigación en la Audiencia Nacional

A principios del pasado verano, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, presentó ante la juez del mismo tribunal Teresa Palacios una denuncia para investigar un presunto fraude detectado en las subvenciones europeas a los cursos de formación continua del Forcem.La fiscalía cifra el supuesto fraude en un 15% de los 630 millones de euros recibidos de la Unión Europea (UE) en 2001. Lo que supone un total de 94,5 millones de euros supuestamente gestionados de forma irregular. Los delitos que se investigan son de fraude a los intereses de la UE, apropiación indebida y falsedad documental. Y la acción penal se dirige contra los sindicatos CC OO y UGT y contra la patronal CEOE. El fiscal no dirige la acusación contra responsables concretos y pide que declaren un total de 50 sindicalistas y empresarios como testigos. En la denuncia se aportan expedientes del Inem en los que se pueden comprobar irregularidades en 500 cursos de formación organizados en varias provincias. La Fiscalía Anticorrupción, según informa Europa Press, también tiene abiertas unas diligencias de investigación por hechos similares a los denunciados por la fiscalía de la Audiencia Nacional.