Piqué obliga a las Administraciones a sacar el servicio telefónico a concurso

El ministro de Ciencia y Tecnología sigue adelante con la puesta en marcha de su plan de choque para reactivar el deprimido sector de las telecomunicaciones y, de paso, introducir competencia allá donde el antiguo monopolio, Telefónica, mantiene un fuerte control sobre el mercado, además de una elevada cuota.

Josep Piqué, tal como anunciara a principios de septiembre en Santander y atendiendo las reclamaciones de la patronal de las operadoras alternativas al ex monopolio, Astel, promueve con los ministros de Economía y Administraciones Públicas la elaboración de una norma que obligue a todas las instituciones del Estado, tanto del Gobierno central como de los ejecutivos autonómicos y de las corporaciones locales, a sacar a concurso todos sus servicios de telecomunicaciones en un plazo que comenzará a contar en el momento en que se publique la normativa y que terminará cuatro años más tarde.

Aunque no existen datos fiables sobre el gasto de las Administraciones en telecomunicaciones, las fuentes más fiables estiman que, en su conjunto, ascienden a 1.200 millones de euros. Según el informe Reina, del ministerio de Administraciones Públicas, las entidades dependientes del Gobierno central gastaron en esta partida en el año 2000 un total de 189 millones de euros. Fuentes cercanas a este departamento estimaron que las administraciones autonómicas dedican a comunicaciones una cantidad anual de 150 millones de euros. Las corporaciones locales gastan por este concepto cantidades que oscilan entre 850 y 900 millones.

Regulación

La obligación de sacar a concurso los servicios de telecomunicaciones de las administraciones públicas será regulado, casi con toda seguridad, mediante una orden ministerial en la que se desarrollará un pliego general tipo con las condiciones de licitación. Fuentes cercanas al Gobierno señalaron que existe también la posibilidad de que tal normativa se incluya, mediante una enmienda, en la Ley de Acompañamiento.

Ciencia y Tecnología ha tenido muy en cuenta las recomendaciones sobre este asunto que antes del verano realizó a la anterior ministra, Anna Birulés, la patronal de las operadoras alternativas a Telefónica, Astel. Sin embargo, no todas sus sugerencias serán tenidas en cuenta.

Las fuentes citadas con anterioridad señalan que la regulación que se prepara hará hincapié en que los procesos de licitación no se realicen en bloque, para todos los servicios de la administración u organismo público en cuestión, sino que se desglosará en diferentes apartados, especificando en cada caso los costes de cada servicio.

Ciencia y Tecnología tiene especial interés en que los distintos licitantes tenga acceso a la información histórica de los servicios que se concursan en el momento de elaborar su propuesta.

Una de las principales quejas de Astel es que, hasta la fecha, sólo Telefónica, prestatario monopolista durante años de estos servicios, podía conocer la factura real de los mismos. La normativa será 'meridiana en cuanto a los criterios que se puntuarán en el momento de la adjudicación', según las fuentes citadas. Además dará amplios poderes a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para que fiscalice los procesos, poniendo especial atención en que 'Telefónica cumpla el régimen de precios establecido, y desglose cada una de sus ofertas'.

Desde el momento en que se produjo la liberalización del sector, a final de 1998, las nuevas operadoras sólo han conseguido arrebatar un 8% de este negocio al antiguo monopolio, según informaciones que facilitan empresas competidoras de Telefónica.

Astel denuncia que, a pesar del tiempo transcurrido, resulta una práctica extendida en las Administraciones la celebración de convenios con operadores al margen de concursos públicos en libre competición. También es práctica común la renovación o prórroga automática de contratos históricos que tienen su origen en acuerdos que se firmaron antes de la liberalización.

La CMT interviene

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha intervenido en diversas ocasiones sobre este asunto, paralizando alguna de las adjudicaciones realizadas, por entender que no se ajustan al marco de competencia que reina sobre el sector. Así, consideró que la elección de Telefónica como suministrador de los servicios de telecomunicaciones para el servicio de sanidad de la Generalitat de Cataluña se realizaba a precios contrarios a los establecidos en el marco regulatorio. Igualmente denunció la prórroga sin contrato de las comunicaciones del Gobierno de Castilla y León.

Telefónica, Retevisión y BT se disputan el Ayuntamiento de Madrid

 

 

 

 

La pugna por hacerse con trozos del sabroso pastel de las telecomunicaciones de las Administraciones públicas tiene su hito más inminente en el concurso que ha convocado el Ayuntamiento de Madrid, quien licita por primera vez este tipo de servicios.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la convocatoria, cuyo plazo de entrega de ofertas se cerró hace tras semanas, han acudido tres empresas: Telefónica, Retevisión y la filial española de BT. En las bases del pliego de la licitación no se especifica el coste histórico de las actividades que se contratarán, lo que ha provocado el malestar de algunos de los concurrentes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ministerio de Defensa ha puesto también en marcha un proceso de adjudicación de sus comunicaciones utilizando un procedimiento que es alabado por la patronal Astel. Defensa ha elaborado un plan director en el que se detallan los servicios de telecomunicaciones que se contratan. Este plan ha sido distribuido entre los distintos aspirantes, quienes en estos momentos han comenzado a elaborar sus ofertas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros organismos de la Administración central que han dado pasos para sacar al mercado de libre competencia sus comunicaciones son el Ministerio de Sanidad -que adjudicó a Retevisión sus servicios de telefonía fija-, el Ministerio de Medio Ambiente, la Dirección General del Catastro, la Dirección General del Tesoro y la Intervención General de la Administración del Estado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualmente, y con intención de dar ejemplo, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones también ha decidido acudir a la vía del concurso para dar la mayor transparencia a la contratación de sus comunicaciones. Otros procesos del mismo tipo abiertos son los del Ayuntamiento de Málaga y los de la Diputación de Cádiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un caso peculiar de introducción de la competencia es el del Gobierno vasco, que ha adjudicado varios concursos a Euskaltel, la operadora en la que participa.