Bush acaba vía judicial con el cierre de puertos por ¢seguridad nacional¢
Un cariacontecido Bush compareció ayer para anunciar que había dado la orden al fiscal general del Estado, John Ashcroft, de que se solicitara ante un juez la imposición del fin temporal (80 días) del cierre de los puertos que comenzara hace 11 días. Bush invocó una impopular y poco efectiva ley de 1947, Taft-Hartley, que permite a los presidentes de EE UU imponer el fin de una huelga. Antes que él, en 1978, Jimmy Carter solicitó esto mismo a un juez para acabar con una huelga en la minería del carbón, pero le fue denegada la solicitud.
Presionado por un lado por las empresas, muy perjudicadas por un bloqueo que les ha llevado al cierre de fábricas, el retraso en la puesta en marcha de las campañas navideñas, y por las últimas encuestas en las que se refleja el descontento de la opinión pública con la gestión económica, Bush, que había recibido por la mañana unas conclusiones sobre los efectos de este cierre y la imposibilidad de llegar a un acuerdo a corto plazo, dijo que el paro está ¢afectando por entero a nuestra economía y la seguridad de nuestro país¢, y citó cifras como los 1.000 millones de costes coste diarios. Otros estudios cifran estas pérdidas en 2.000 millones. Bush se refirió al efecto negativo sobre el trabajo de los agricultores y también mencionó el bloqueo de los envíos militares.
La medida que quiere imponer el presidente debe ser aprobada por un juez. Algunos analistas jurídicos aseguraban ayer que en puridad el magistrado no debería conceder al presidente su solicitud, ya que la Ley Taft Hartley sólo se puede invocar en caso de huelga y no en cierre patronal, que es lo que está ocurriendo en los puertos de la costa oeste desde que los estibadores se declararon en huelga de celo.
No obstante, la petición de Bush no ha sentado bien entre el colectivo de los estibadores y menos después de que el sindicato de estos trabajadores acordara ayer con los representantes del Gobierno volver al trabajo durante 30 días con una extensión de su actual contrato vencido el pasado 1 de julio.
El sindicato había llegado a esta solución para evitar que el presidente invocara la Ley Taft-Hartley. A cierre de esta edición, ni siquiera estaba claro que los empresarios estuvieran de acuerdo con este acuerdo con los trabajadores, aunque por parte de los mediadores estatales no se creía que hubiera ningún problema. A última hora de ayer, la Pacific Maritime Association, que representa a las compañías que operan en el puerto, iba a dar una rueda de prensa para explicar su posición.
A la espera de resolver la situación judicial y laboral creada, la Bolsa reaccionó positivamente a la posible finalización del conflicto, especialmente los valores de las empresas de venta al por menor que han tenido que acudir al transporte por aire (hasta 10 veces más caro) y evitar mayores problemas en un periodo de precampaña navideña. JC Penny y Gap recibieron la noticia con subidas superiores al 8%.
Más van a tardar otras empresas en recuperar el pulso. La planta que Mitsubishi tiene en Illinois tendrá que parar su producción hoy por falta de piezas. La que Toyota tiene junto con GM ya paró a finales de la semana pasada.
La empresa de alimentación Dole Food ha demandado a algunas de las empresas transportistas por no poder acceder a cuatro millones de kilos de plátanos que esperan junto con otros 200 más entrar en uno de los puertos cerrados.