Pacto mal diseñado
El posible retraso hasta 2006 del horizonte de cumplimiento del objetivo de déficit del Pacto de Estabilidad no es un buen indicio de rigor de la política económica en la Unión Europea. No procedería dramatizar tal decisión, pero la falta de credibilidad que este tipo de decisiones genera bien puede terminar repercutiendo negativamente sobre las expectativas de crecimiento del área económica y la cotización de su divisa y, desde luego, limita la viabilidad de posibles acuerdos económicos futuros. Lo que es aún más lamentable, sin embargo, es que no se haya aprovechado el incumplimiento del horizonte 2004 para mejorar el diseño del Pacto de Estabilidad.
La principal razón por la que el retraso sería negativo es por el riesgo moral que implica: algunos países, entre ellos España, han hecho un esfuerzo por proponer Presupuestos relativamente restrictivos, de modo que el objetivo de déficit cero pudiera ser una realidad en el horizonte exigido, 2004. Está, por tanto, justificado que los responsables de Economía de estos países se opongan a lo que puede ser pronto una firme decisión de retrasar el cumplimiento del pacto. ¿Qué esperamos que hagan estos países en el horizonte de 2006 si consideran que no conviene a sus economías una política presupuestaria restrictiva? Cuando se establezcan acuerdos en el futuro, los países que ahora han hecho el esfuerzo tendrán poco incentivo a repetirlo, en previsión de que, si no se logra el objetivo, vuelva a relajarse el horizonte de cumplimiento. Pero aún más importante es el debate acerca de si el objetivo de déficit incluido en el Pacto de Estabilidad es el mejor posible, pues no hay ninguna razón teórica para apoyar el esquema trazado como objetivo.
En primer lugar, un objetivo de déficit cero persigue limitar los niveles de endeudamiento de las economías de la zona. Ahora bien, el endeudamiento que, como porcentaje del PIB, puede mantener un país de manera estable, depende de características estructurales específicas que, en ausencia de financiación monetaria, como es el caso en la UE, son básicamente su tipo de interés real y su tasa de crecimiento potencial.
No todos los países tienen, en consecuencia, el mismo margen de endeudamiento sostenible, e imponer un máximo nivel, común a todos ellos, como ya se hizo en Maastricht, carece de sentido.
En segundo lugar, siendo aún más exigentes, y quizá esto es lo que se perseguía con el establecimiento del Pacto de Estabilidad, podríamos pensar en imponer la condición de que el endeudamiento no aumente en periodos de bajo crecimiento, a la vez que disminuye en periodos de bonanza económica. Para ello, es crucial la comparación entre capacidad de crecimiento, como posibilidad de generar recursos para amortizar deuda, y tipo de interés real, como necesidad de dedicar recursos a pagar intereses sobre la deuda. Esto determina que un país como España, que paga en intereses un 2,8% de su PIB, puede mantener un cierto superávit primario (déficit excluyendo pago de intereses) a la vez que un déficit global, y reducir su ratio deuda/PIB. En definitiva, es perfectamente posible tener un déficit presupuestario y reducir el endeudamiento, siempre que se tengan en cuenta los parámetros citados. No está justificado exigir un déficit cero.
En tercer lugar, es evidente que ni las necesidades de gasto de un país ni su capacidad de recaudación es la misma en periodos expansivos que en periodos recesivos, lo que debería tenerse en cuenta al establecer un objetivo de déficit. Cuando menos, cabría permitir un cierto nivel de déficit, siempre como porcentaje del PIB, en periodos de bajo crecimiento, compensado con un cierto superávit en periodos de mayor crecimiento.
Por tanto, sería preferible que el Pacto de Estabilidad contemplase una banda objetivo de déficit, siempre en relación con la fase del ciclo que se atraviesa, e incluso que su amplitud pueda depender de características específicas de cada país.
Es una pena que el incumplimiento previsto del pacto para 2004 no haya sido aprovechado para cambiar el diseño del objetivo de déficit, lo cual hubiera sido fácilmente justificable. Por el contrario, mantener el diseño original, alargando el horizonte de cumplimiento del mismo, es muy negativo para la credibilidad de la política económica de la UE, e introduce una situación de riesgo moral que puede dificultar seriamente el cumplimiento de otros objetivos de política económica que puedan proponerse en el futuro a todas las economías de los países miembros de la UE.