Dragados y FCC se disputan el mayor proyecto de aguas privado de España
Mientras se ponen en marcha las grandes obras del Plan Hidrológico Nacional, el mayor proyecto hidráulico de España se gesta en Cataluña. Dos grandes consorcios constructores, todavía en fase de constitución, se disputarán a partir de finales de este mes el concurso de construcción y explotación de una amplia red de regadío para la distribución de agua en las tierras de cultivo de varias comarcas de Lleida. Se trata de un sistema de canalizaciones que llevará el agua a 70.000 hectáreas de secano, una iniciativa largamente esperada por los agricultores de la zona y que requerirá una inversión de 1.103 millones de euros y un plazo de ejecución de 10 años.
El modelo de financiación elegido por la Generalitat implica que el consorcio adjudicatario adelanta el dinero necesario para acometer la inversión, que se recuperará con aportaciones del concesionario y de los regantes.
El primer grupo empresarial que ha iniciado los preparativos para ofertar está liderado por el grupo FCC, acompañado por Ferrovial, quienes ultiman negociaciones con Aguas de Barcelona y su filial Agbar Construcción, Aguas de Sabadell, las constructoras Copcisa y Copisa y con varias empresas locales de la provincia de Lleida.
El segundo consorcio que ha entrado en la pugna está liderado por Dragados, que estará acompañado previsiblemente por Sacyr, las constructoras Comsa y Corsán-Corviam, Aguas de Catalunya (participada por Comsa y Aguas de Valencia), y las ingenierías Emte y Typsa.
Para la ejecución del proyecto la Generalitat creó en marzo la empresa pública Reg Sistema Segarra-Garrigues (Regsesa), integrada en la también pública Regsa, que ejecuta la política de regadíos autonómica y que, a su vez, depende de Gisa, la empresa pública catalana de infraestructuras.
Aportación pública
En el caso de los regadíos de Lleida, la Generalitat aportará entre el 70% y el 85% del coste de la obra, en función de si se trata de riego convencional o riego de apoyo. El resto será sufragado por los propios regantes, que pagarán las obras junto con el recibo anual del consumo de agua que realicen. De este modo, el riesgo empresarial de los adjudicatarios estará bastante acotado.
Más concretamente, el Gobierno catalán, que también deberá realizar la concentración parcelaria y las obras de elevación necesarias para regar algunas fincas, aportará 790 millones de euros en un plazo de 20 años a partir del momento en que los regantes comiencen a recibir agua. æpermil;stos dispondrán de un plazo de 30 años para abonar su parte.
Las ofertas deben incluir la inversión prevista por hectárea de regadío, un estudio económico-financiero de la concesión y la planificación de las obras. La redacción de los proyectos de ingeniería para la ejecución de la red de riego será realizada por el adjudicatario.
Ambos consorcios deben entregar sus ofertas el 23 de este mes. El 8 de noviembre se abrirán los sobres y la adjudicación se prevé realizar a finales de año, con el fin de que las obras empiecen de forma inmediata.
La obra beneficiará a unos 20.000 regantes pertenecientes a 70 poblaciones de seis comarcas ilerdenses: la Noguera, el Urgell, el Pla d'Urgell, el Segrià, la Segarra y Les Garrigues. Según el director general de Desarrollo Rural de la Generalitat, Francesc Xavier Ballabriga, 'se trata de la transformación más importante de los últimos años', que supondrá 'un auténtico revulsivo para las comarcas de Lleida'.
La previsión del gobierno catalán es que el agua llegue a las primeras fincas del término municipal de Pons en 2004 y que en 2008 se hayan transformado ya en regadío más de 35.000 hectáreas.
El canal principal tendrá una longitud de 85 kilómetros y supondrá por sí solo una inversión de 462 millones, promovida por la empresa pública Casega (Canal Segarra-Garrigues), impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente. Las obras comenzaron en junio en la presa de Rialb, desde donde se debe bombear el agua. Esta primera fase, adjudicada a FCC, tiene un coste de 29 millones y un plazo de ejecución de 21 meses.
Un proyecto histórico que llega con más de 40 años de retraso
La construcción del canal Segarra-Garrigues no es sólo la mayor obra hidráulica acometida en nuestro país hasta el momento, sino, posiblemente, la infraestructura más largamente reivindicada desde Cataluña, a pesar de tener un impacto geográfico limitado.
El primer borrador del proyecto data de 1959, pero no se plasmó en un acuerdo hasta 1999, cuando el Gobierno central aceptó financiar parte de la obra. Durante este periodo, e incluso posteriormente, el Segarra-Garrigues ha figurado de manera recurrente en la mayor parte de los programas electorales de los partidos catalanes y ha sido utilizado con frecuencia como arma arrojadiza entre CiU y PSC. Aunque la construcción del embalse de Rialb (que comportó el desalojo de los pueblos de Tiurana y Bassella) fue promovida bajo gobierno socialista, Jordi Pujol ha reprochado reiteradamente al PSC su obstaculización del proyecto del canal, responsabilizando del retraso al entonces ministro de Obras Públicas, Josep Borrell.
El retraso con el que se acomete la obra explica el método que ha decidido utilizar la Generalitat para cumplir con su parte del acuerdo, adjudicando la obra de una sola vez: 1.103 millones de euros, la mayor licitación que se ha realizado en Cataluña en un único contrato. Según argumenta el director general de Desarrollo Rural, Francesc Xavier Ballabriga, 'esta es la única manera de evitar que se alargue innecesariamente su construcción y asegurar la eficacia y rapidez de todo el procedimiento'. Para las seis comarcas que recibirán el agua del canal, el Segarra-Garrigues abre la posibilidad de hacer crecer el valor de su producción agraria hasta un 50%, gracias a la sustitución del secano por cultivos de regadío mucho más productivos y seguros: olivo, trigo, alfalfa, árboles frutales y viñas, así como introducir cultivos energéticos alternativos.