Parálisis argentina
Hace ahora ocho meses, Argentina declaraba la suspensión del pago de la deuda, decretaba la devaluación del peso e iniciaba una lenta y dolorosa negociación con los organismos internacionales para recuperar el crédito y retomar el crecimiento tras años en recesión. Pese al tiempo transcurrido, la situación se encuentra en un punto muy similar al de partida, sólo que ahora la debilidad creciente del Gobierno Duhalde, según se aproximan las elecciones presidenciales de marzo de 2003, y el abierto enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial amenazan con hacer al país sencillamente ingobernable.
Las últimas sentencias de la Corte Suprema han echado por tierra los escasos avances logrados por el Gobierno en su negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al poner en duda los ajustes presupuestarios comprometidos y forzar la devolución de los recortes salariales aprobados en diciembre para funcionarios y pensionistas. La lista de expedientes pendientes de sentencia por el alto Tribunal incide en las decisiones económicas que han permitido a la economía argentina sobrevivir, al menos, en estos ocho meses, como la pesificación de los depósitos bancarios o la obligación de que las casas matrices de los bancos extranjeros respondan de los depósitos de sus filiales. El grado de enfrentamiento entre los dos poderes amenaza con devolver, incluso, el ruido de sables al país al someter a juicio la constitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida que acabaron con los juicios a los responsables de la dictadura. El origen del enfrentamiento está en la decisión del presidente Duhalde, allá por enero, de someter a los integrantes de la Corte Suprema a un juicio político por mal desempeño de sus funciones. La actual debilidad del Ejecutivo le impide sacar adelante la iniciativa en el Congreso o votar la retirada de la misma.
En esas condiciones, las posibilidades de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) son ciertamente difíciles. Como recordó la semana pasada el propio organismo, la falta de seguridad jurídica del país no sólo no se resuelve sino que se agrava día a día. Ocho meses de parálisis han hecho mella en la sociedad argentina, en el sector bancario, en el mundo empresarial y en la confianza otorgada por la comunidad internacional a los compromisos suscritos por el país. De hecho, el propio Duhalde ha reconocido este fin de semana que sólo aspira a conseguir del Fondo una prórroga de los vencimientos de la deuda con los organismos internacionales y que sea el próximo Gobierno quien cierre un acuerdo con el organismo.
Pese a los precedentes, el Gobierno Duhalde acaba de cerrar un acuerdo con las empresas petroleras, entre las que destaca Repsol YPF, para reducir la carga fiscal de las exportaciones de gasóleo. La medida supone un respiro para un sector particularmente perjudicado por el corsé legal impuesto a la actividad productiva. Hay que esperar que la medida perdure.