El Gobierno subirá un 2% el sueldo a los funcionarios, pero sin fondo de pensiones

El Ministerio de Administraciones Públicas ha convocado para el próximo día 12 de septiembre una nueva reunión de la Mesa General de la Función Pública en la que Gobierno y sindicatos iniciarán la negociación salarial para los trabajadores de la Administración General en 2003.

La oferta inicial que pondrá sobre la mesa el nuevo secretario de Estado de la Función Pública, Julio Gómez Pomar, está clara: la Ley General de Presupuestos volverá a fijar por cuarto año consecutivo un incremento salarial para todos los empleados públicos (estatales, autonómicos y locales) en 2003 del 2% (idéntica a la previsión oficial de inflación). En total, 2,3 millones de empleados públicos. Si bien el Gobierno ofrecerá a los sindicatos otro tipo de mejoras salariales para los empleados de la Administración central, que estarán ligadas a la productividad y la movilidad de los trabajadores. Esta forma de subir los salarios más que la inflación ya fue pactada por el Ejecutivo y CC OO para el ejercicio de 2000 y supuso una subida salarial del 3,5% frente al 2% fijado inicialmente.

Lo que no ofrecerá el Gobierno este año -al menos en su propuesta inicial en la negociación- es la posibilidad de crear un fondo de pensiones para los empleados públicos, tal y como se barajó el pasado año, según informaron fuentes del equipo económico del Ejecutivo.

El motivo de retirar esta oferta no es otro que las dificultades legales que acarrearía la creación de este fondo, que según lo planteado en 2001 iba a dotarse anualmente con el 0,5% de la masa salarial de los empleados públicos. El obstáculo legal consiste en que la Ley General de la Seguridad Social no permite la concurrencia de varias pensiones públicas, por lo que la creación de un fondo de pensiones exigiría un cambio sustancial de dicha normativa.

Los sindicatos no aceptaron el pasado año la creación de este fondo de pensiones por considerar que esta mejora retributiva no podría sustituir la recuperación del poder adquisitivo que, según sus estimaciones, han perdido los empleados de la Administración en los últimos cinco años y que calculan en un 5,7% hasta 2001.

Sin embargo, los cálculos del Ministerio de Administraciones Públicas, basados en la nómina mensual de los funcionarios que sale de las cuentas del Estado, aseguran que los empleados públicos no sólo no han perdido poder adquisitivo entre 1997 y 2001, sino que han ganado un 4,6% de poder de compra.

Esta diferencia en los cálculos se explica porque el Gobierno incluye los deslizamientos producidos por la antigüedad (trienios), las promociones profesionales (ascensos de nivel, promociones internas de grupo profesional), así como los acuerdos de carácter sectorial para algunos colectivos suscritos con sus respectivos responsables sindicales.

Bien es verdad que estos deslizamientos no son cobrados (salvo los trienios) por todos los empleados públicos de forma lineal, pero, al fin y al cabo, son también mejoras retributivas. La queja sindical es que el Gobierno incluye en estos deslizamientos los incrementos salariales discrecionales de altos cargos, que hacen subir la media de los aumentos salariales.

Por ello, las centrales sindicales reclamarán en este nuevo proceso negociador como petición 'irrenunciable' la cláusula de revisión salarial para los empleados públicos. Estas cláusulas, presentes en los convenios colectivos del sector privado, garantizan la adecuación automática del incremento salarial al aumento de la inflación a final de año, con lo cual no se pierde poder adquisitivo.

Los sindicatos son conscientes de la dificultad de conseguir esta reivindicación histórica, que no ha salido adelante en ninguna otra negociación. Por este motivo y teniendo en cuenta la disposición a negociar del nuevo equipo de Javier Arenas en los dos contactos que han tenido hasta ahora, las centrales están dispuestas a escuchar y a negociar la adopción de otro tipo de mejoras salariales que contribuyan a mejorar el poder de compra.