Editorial: Cuentas bajo presión
La cruzada por la transparencia en la contabilidad de las compañías estadounidenses sigue su marcha inexorable. Si bien es encomiable el esfuerzo de la Administración Bush por acabar de un plumazo con los escándalos financieros que han jalonado la primera mitad del año, la ingente avalancha de normas amenaza con desbordar la capacidad de las empresas para cumplir con los nuevos requisitos y hace desconfiar de las habilidades del regulador bursátil estadounidense, la SEC, para procesar toda la nueva documentación que está reclamando a las principales compañías que cotizan en Bolsa. Muchos consideran, además, que tanto George Bush como Harvey Pitt, el presidente del organismo regulador, en su afán por limpiar la imagen de los mercados, están penalizando a las empresas que cumplen rigurosamente la legislación con una excesiva burocracia que, como ha quedado demostrado hasta la saciedad, resulta contraproducente por ineficaz.
Algunas empresas, como Coca-Cola o Eastman Kodak, ya han levantado la voz contra la penúltima vuelta de tuerca que prepara la SEC, el adelantamiento en los plazos de presentación de los resultados trimestrales. Consideran que no tendrán tiempo material para presentar sus balances completos, y que la presión provocará errores. Algo que preocupa mucho más ahora que existen responsabilidades penales para los consejeros delegados y directores financieros -obligados a certificar con su firma los estados contables- en caso de descubrirse fraudes. Lo cierto es que Enron, la primera cuenta del rosario de escándalos estadounidenses, presentaba sus resultados a tiempo y, sin embargo, fue capaz de ocultar durante años que utilizaba sociedades no registradas como contrapartida en las que camufló pérdidas por cerca de 1.000 millones de dólares.
La alarma de las empresas va creciendo al mismo ritmo que aumentan las normas que deben cumplir, pero esa preocupación no es exclusiva de las compañías estadounidenses. Muchas empresas europeas que cotizan en Wall Street ven con gran recelo la incidencia que la llamada popularmente ley antifraude de Estados Unidos puede tener en sus cuentas. En particular, están molestas con las potestades que la SEC se atribuye a la hora de exigir documentación que en Europa es considerada secreto profesional en la relación auditor/cliente. Por lo demás, se quejan de que deben hacer un seguimiento exhaustivo de los cambios normativos para evitar enfrentarse a posibles investigaciones o tener que rehacer sus cuentas de resultados, con el consiguiente aumento de costes.
Hay que esperar, en todo caso, que esta vuelta de tuerca de los reguladores posibilite que los inversores recuperen la confianza en el mercado. Pero también sería deseable que no se asfixiara a las empresas con una maraña de obligaciones de casi imposible cumplimiento y, en consecuencia, ineficaces.