Un laudo arbitral pone fin a un paro de 45 días en Siderúrgica Balboa
La jefa de la Inspección de Trabajo de Cáceres, Paloma Gordillo, ha dictado un laudo que obliga a Siderúrgica Balboa a subir un 7,5% el salario a sus más de 400 trabajadores durante este año, así como a un alza del IPC más dos puntos el próximo año 2003. Este arbitraje, designado por la Junta de Extremadura, ha puesto fin a 45 días de paro en la mayor empresa de la región, con sede en la localidad de Jerez de los Caballeros (Badajoz). Siderúrgica Balboa es el buque insignia del grupo industrial Alfonso Gallardo, un conglomerado de empresas del sector siderometalúrgico con una facturación superior a 300 millones de euros anuales.
El conflicto se inició el pasado 12 de junio tras la convocatoria de una huelga de 24 horas en la empresa por parte de los trabajadores para protestar por la falta de acuerdo salarial en el convenio colectivo. Los empleados acordaron también realizar paros de dos horas en todos los turnos de trabajo a partir de ese día.
El industrial respondió al envite con un cierre patronal por considerar que las interrupciones de la actividad no garantizaban la seguridad de la plantilla. El cierre patronal fue declarado ilegal días después por el Gobierno extremeño, que instó a la dirección a reabrir la acería. Esto no se produjo hasta el día 17 de julio y sólo con 100 de los 400 empleados, que se han dedicado a realizar labores de inventariado. La actividad normal no ha regresado a la industrial hasta el pasado sábado, un día después de conocerse el laudo.
La crisis de Siderúrgica Balboa había generado gran preocupación en partidos políticos, sindicatos y toda la comarca de Jerez de los Caballeros, ya que de su normal funcionamiento dependen cientos de empleos indirectos. El conflicto afectó inicialmente a otras dos empresas del grupo, Alfonso Gallardo SA y Ferromallas, pero ambas volvieron a la actividad días después. La dirección de Siderúrgica Balboa no va a recurrir el laudo, algo que sí piensa hacer CC OO al considerar improcedente dictar una resolución cuya vigencia es de dos años. Los empleados no están muy conformes.