Fungairiño pide el sobreseimiento en las cesiones de crédito del Santander

La fiscalía presentó ayer un recurso de reforma contra el auto de inculpaciones de la juez Teresa Palacios sobre el caso de las cesiones de crédito del antiguo Banco de Santander. La juez de la Sala Tercera de la Audiencia Nacional atribuyó el pasado viernes 28 de junio al presidente del Santander Central Hispano Emilio Botín y a otros cuatro miembros de la cúpula del desaparecido Banco Santander 138 delitos fiscales y uno de falsedad continuada en documento por el fraude de las cesiones de crédito entre 1987 y 1989.

El fiscal jefe de la institución, Eduardo Fungairiño, expone en su recurso hasta cinco motivos para pedir el sobreseimiento del caso, algunos de los cuales ya habían sido aportados en anteriores ocasiones por el ministerio fiscal.

Según el documento legal del fiscal, esta causa presenta una 'inviabilidad procesal'. Según Fungairiño, el proceso consta 'de posibles delitos separados, cometidos individualmente, sin conexión alguna de los clientes con los directivos igualmente imputados'. A este motivo une el fiscal el de la imposibilidad 'física y procesal' de sentar en el banquillo a 149 personas, lo que le lleva a pedir que se segreguen cada una de las 138 piezas y se remitan a los juzgados de instrucción correspondiente.

'Inexistencia de indicios'

La fiscalía de la Audiencia Nacional argumenta en segundo lugar que no ve indicios de delito por parte de Botín, el consejero Rodrigo Echenique y de otros tres directivos (Lorenzo Solana López, Ricardo Alonso y José Ignacio Ucles).

'No queda clara ni se aportan detalles sobre la relación que pudieron establecer con los clientes, que son quienes realmente cometieron el delito fiscal que se analiza en este caso', concluye.

'Tal falta de conexión fáctica [...] arroja serias dudas sobre la solidez del fundamento de la inculpación', explica el recurso. Además, según Fungairiño, la juez Teresa Palacios 'confunde las meras sospechas' con unos indicios que no vienen relatados en el auto.

Aunque la juez cita en el auto el contenido de algunas cartas que se enviaron los directivos sobre los nombres falsos facilitados a Hacienda, el fiscal entiende que esta correspondencia puede constituir 'un indicio de que se ha decidido una política interna de ocultación a la Inspección tributaria', pero 'no otra cosa'.

En tercer lugar, estima la fiscalía, el delito fiscal del cliente no se produjo cuando suscribió las cesiones de crédito, sino anteriormente, cuando no declaró el incremento de patrimonio depositado en este producto.

Cabe recordar que las cesiones de crédito se remontan al periodo comprendido entre 1987 hasta 1989. En esa época, el desaparecido Santander ofreció a sus clientes un producto financiero cuya principal característica era que permitía eludir el pago de las retenciones a Hacienda equivalentes al 25% de lo invertido. El Santander consiguió captar unos 430.000 millones de pesetas con este producto.

Según Fungairiño, el banco no aplicaba retenciones a los rendimientos de las cesiones de crédito. Pero es que, según el fiscal jefe, no es al banco al que competía declarar esta rentabilidad, sino al propio cliente. A la entidad, prosigue, 'ni siquiera puede acreditarse la existencia de un dolo en el sentido de conocimiento y persistencia en la acción criminal'. Lo único que 'indiciariamente puede atribuirse a los directivos del Santander no es haber defraudado a Hacienda, sino haber dado datos a Hacienda después del fraude', dice el fiscal.

La juez Teresa Palacios debe trasladar sus diligencias a la fiscalía, que se pronunció ayer, al abogado del Estado y a las partes personadas. Todas estas partes tienen cinco días para formular un escrito de acusación en el que soliciten la apertura de un juicio oral o el sobreseimiento, como hizo ayer Fungairiño.

Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), presente en la causa como acusación popular, prevé enviar un escrito al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, para instarle a que traslade el caso de las cesiones de crédito a la Fiscalía Anticorrupción.

'Si han pasado por esta fiscalía casos como el de Gescartera o el del BBV, lo lógico es que también se traslade éste', declaró ayer a este periódico Joan Saura, presidente de la formación catalana. Saura destacó el hecho de que el fiscal Fungairiño sustituyó al anterior fiscal del caso, Jesús Santos, en 1998 para pedir, por primera vez, el archivo de la causa.

Las acusaciones, ICV y la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes, pedirán a la juez la apertura de juicio oral para sentar en el banquillo al presidente del SCH. Según diversos juristas, sólo con que haya una petición de acusación la juez tiene que dictar auto para abrir juicio oral, lo que cambiaría la condición de Botín y sus directivos de imputados a acusados.

Tres días para recurrir

El SCH interpondrá un recurso esta semana, al considerar que la comercialización de este producto se produjo de forma legal.

La entidad recordó en un comunicado que tanto el abogado del Estado como la Agencia Tributaria han solicitado desde 1996 el sobreseimiento de la causa.