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Cesiones

Fungairiño recurre el auto de Teresa Palacios sobre las cesiones de crédito del Santander

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, presentó hoy un recurso de reforma contra el auto de la juez Teresa Palacios que inculpó al presidente del SCH, Emilio Botín, y a cuatro ex directivos del Banco Santander, en delitos fiscales y en falsedad continuada, por el "caso de las cesiones de crédito".

En el auto, Teresa Palacios ve indicios de que el presidente del SCH, Emilio Botín, el consejero Rodrigo Echenique y otros tres ex altos ejecutivos del banco pueden ser responsables de 138 delitos fiscales por cooperación o inducción y uno de falsedad documental continuada por este caso, que data de 1991.

Fungairiño afirma que no hay ningún indicio del delito de cooperación necesaria en fraude fiscal, al considerar que la actuación del banco fue siempre posterior a la actividad de ocultación de los incrementos de patrimonio.

Respecto al delito de falsedad, el fiscal destacó que se trata de un delito instrumental, por lo que la exención de responsabilidad penal por el fraude tributario alcanza a las falsedades instrumentales.

Sanción administrativa

Fungairiño señaló que, de confirmarse los indicios apuntados, no quedaría bien parado el Banco de Santander con su actitud obstruccionista y aun falsaria. Pero ello no tiene por qué alcanzar trascendencia penal. Para algo, según el fiscal está la Ley General Tributaria y su catálogo de infracciones y sanciones, en el ámbito administrativo, no penal.

Además el fiscal pide que se archiven las actuaciones, sin perjuicio de desglosar 138 piezas separadas y enviarlas a los juzgados territoriales competentes por razón del lugar de comisión del delito, para investigar a los titulares de cesiones de crédito por las presuntas defraudaciones tributarias que cometieron.

El recurso alega también como motivo de impugnación del auto la inviabilidad física y procesal de sentar en el banquillo a las 149 personas a las que inculpa la juez Palacios, es decir, 138 clientes del Banco Santander, 5 directivos del Banco y 6 testaferros.

Reitera que los 138 posibles delitos fiscales deberían investigarse por separado, y por parte de los juzgados de Instrucción territoriales competentes, ya fueron "cometidos individualmente, sin conexión alguna de los clientes con los directivos igualmente imputados, sin relación de unos clientes con otros, y sin acuerdo previo entre ellos que permita operar el principio de conexidad procesal recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

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