La Audiencia ve indicios para acusar a Botín y Echenique de 138 delitos fiscales
El auto dictado el jueves por la titular del juzgado número tres de la Audiencia Nacional Teresa Palacios concluye la instrucción del caso de las cesiones de crédito, que se abrió judicialmente en 1992. Es el paso previo a la apertura del juicio oral, que decretaría con un nuevo auto, según los expertos jurídicos consultados. Esta decisión judicial llevaría al banquillo de los acusados al presidente del SCH, Emilio Botín, y al ahora consejero Rodrigo Echenique, por este fraude a Hacienda que cifra en 872,2 millones de euros (145.120 millones de pesetas).
El auto coincide en el tiempo con el proceso judicial abierto al BBVA, por ocultación de cuentas secretas desde 1987, cuya causa instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y que ha llevado a la dimisión del ex copresidente del banco, Emilio Ybarra, y a todos los consejeros procedentes del BBV. Además, se produce en un momento muy delicado para los mercados internacionales por las repercusiones por fraudes contables en empresas estadounidenses.
El auto de Palacios se produce, además, dos meses después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional considerase que al SCH no se le podía atribuir una responsabilidad general en el caso, sino que habría que analizar su actuación en cada uno de los procedimientos abiertos a los clientes de este producto.
Las cesiones de crédito se remontan a 1987-1989, años en los que el Banco Santander ofreció a sus clientes este producto financiero con la característica principal de ser fiscalmente a opaco. En el auto hecho público ayer Botín y Echenique, que entonces era consejero delegado, aparecen como "imputados-responsables" por 138 presuntos delitos fiscales por cooperación necesaria o inducción y por uno de falsedad continuada en documento oficial. Junto a ellos también figuran otros cinco altos ejecutivos en aquella época: José Ignacio Ucles Romero, jefe de la asesoría jurídica; Lorenzo Solana López, subdirector adjunto a la dirección de sucursales, y Ricardo Alonso Clavel, jefe central contable y director general adjunto.
También aparecen como posibles inculpadas las personas que se prestaron a que se utilizase su identidad para ocultar la de los titulares de las cesiones de nuda propiedad de crédito (CNPC). El banco inducía a ocultar la titularidad, según la acusación.
La magistrada da traslado de estas diligencias al Ministerio Fiscal, al Abogado del Estado y a las partes personadas para que, en el plazo de cinco días formulen un escrito de acusación en el que soliciten la apertura de juicio oral o pidan un sobreseimiento. Este trámite puede durar más de un mes. La Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes, uno de los demandantes, presentarán el escrito. El otro demandante, Izquierda per Catalunya, pedirá al fiscal y al abogado del Estado que acusen.
Según expertos juristas, sólo con que haya una petición de acusación, la juez tiene que dictar auto para abrir el juicio oral y podría cambiar la condición de imputados por la de acusados.
Los imputados pueden interponer recurso de reforma ante la juez en el plazo de tres días. Este recurso no paralizaría la actuación de la juez, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, quien podría dictar la apertura de juicio. La defensa puede dilatar el proceso si exige más pruebas.
Las penas por fraude fiscal pueden ser de seis meses y un día a seis años (según el código penal de 1973) o de uno a cuatro años de cárcel, además de una multa de seis veces la cantidad defraudada (según el vigente). Por falsedad, el antiguo código fija pena de seis meses y un día a seis años y multa de 600 a 6.000 euros, mientras el actual establece prisión de seis meses a tres años.
El SCH señaló ayer que recurrirá el auto, asegura que la comercialización de este producto estaba dentro de la legalidad, recuerda que el abogado del Estado y el Fiscal archivaron el caso. Y añade que el auto es "obviamente contrario a derecho y contradice la última resolución dictada por la Sala de lo Penal".
Alrededor de 10.000 operaciones se hicieron con nombre falso
La identificación de los particulares y las empresas que invirtieron en las cesiones de crédito, producto fiscalmente opaco, ha sido ardua para los peritos judiciales. Según consta en el auto, no fue posible identificar a 830 titulares y, por tanto, tampoco el perjuicio causado en esos casos, con lo que el fraude aún sería superior a los 872,2 millones de euros que menciona la juez. Hubo 9.566 operaciones con nombres falsos.
Entre los identificados, que realizaron una inversión neta total de 493,8 millones de euros, figuran más de 30 empresas. La más significativa es Pikolin, que aparece como una de las presuntas defraudadoras al fisco en el ejercicio 1988. Invirtió 545.705 euros, una de las mayores cantidades que aparecen relacionadas en el auto. Figuran también, entre otras, Construcciones Pagoeta (en los ejercicios 1988 y 1989), Cademont, Inmobiliaria Lizarra, Inmobiliaria Blasco de Garay (con una cantidad significativa invertida, 212.826 euros) y Alcoholes Oliva (con 204.897 euros).
En la lista del auto aparece un inversor privado de origen indio, Bhagwan Nenumal, que invirtió más de un millón, una de las cantidades más cuantiosas.
Seis particulares se prestaron a que se utilizase su identidad en las operaciones. La juez considera que han podido incurrir en delito fiscal y de falsedad documental en todos los casos, salvo en dos. Atribuye tres delitos fiscales y otro de falsedad a Alfonso Derqui y dos fiscales y otro de falsedad a María Salat.
En muchos casos ha prescrito el delito fiscal porque el cambio de regulación elevó la cuantía mínima a 90.000 euros.
En el auto consta una carta del jefe de la asesoría jurídica al entonces consejero delegado, Rodrigo Echenique, en la que muestra su preocupación por que la Administración pueda pensar que el banco conocía la identidad de los titulares y los avisó ante una situación irregular.
11 años de instrucción y dos jueces de la Audiencia Nacional
El caso de las cesiones de crédito (un producto financiero que permitía captar fondos fiscalmente opacos) del ya desaparecido Banco Santander tiene su origen entre 1987 y 1989, años en los que el banco empezó su comercialización.
1991. El entonces juez de Delitos Monetarios de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, ordena la investigación del Santander.
1992. El 19 de junio Emilio Botín declara ante Moreiras. El 27 de noviembre de ese año el Santander pide el sobreseimiento del caso. El 22 de diciembre de 1992 este juez dicta un auto en el que se fija una fianza de 8.000 millones de pesetas. Dos días después, el banco recurre el auto. Y el día 28, el Santander presenta un aval de Bankinter por los 8.000 millones.
1993. El 13 de enero Moreiras anula la fianza y en mayo impone al Santander una fianza de 3.500 millones por 'defraudación'.
1995. El 9 de noviembre Hacienda considera que el banco no cometió delito en las sanciones de crédito y en enero de 1996 se archivan parcialmente las actuaciones, pero en julio, en cambio, el fiscal considera al banco responsable de las cesiones.
1998. La juez del caso cita a la comisión ejecutiva del banco en abril. Un mes después, Jaime y Ana Botín se desvinculan del caso. En julio, el fiscal y el abogado piden su sobreseimiento. Ya en octubre, la Fiscalía Anticorrupción dice que pide el caso, y ese mes, Teresa Palacios decide seguir investigando.
1999. En septiembre, un perito afirma que Botín conocía la ocultación de datos a Hacienda. Palacios desestima en noviembre el archivo de las cesiones, algo que solicitó el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño.
2002. Se admiten nuevas acusaciones, aunque Palacios no amplía la causa. No obstante, vuelve a negarse a archivarlo. El 29 de abril se exculpa al SCH.