Reconstruir el diálogo
El saldo de la huelga general, como era previsible, se ha convertido en una guerra de cifras. Sin embargo, entre el 'no hubo huelga' del ministro portavoz del Gobierno y el 84% de seguimiento proclamado por los sindicatos convocantes existe la realidad de una jornada de protesta difícil de cuantificar, pero que de cara al próximo futuro no hay más remedio que tener en cuenta.
Los primeros indicios apuntan a que está abierta la puerta para el diálogo. El vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato lanzó la oferta de negociar. Los líderes de CC OO y UGT siguieron insistiendo en la retirada de los puntos esenciales del decreto de reforma de la protección por desempleo. La vía más pragmática para ensayar el acuerdo es la introducción de enmiendas en la tramitación de la reforma como proyecto de ley. Pero para eso hace falta voluntad política.
En la estrategia seguida desde que se convocó la huelga, el Gobierno se ha empleado a fondo para convertir el conflicto en un pulso político y responsabilizar de él al PSOE. Ayer insistió en esta línea al calificar la jornada como 'el mayor fracaso' del Partido Socialista en 20 años. Puede que el PP considere que esto le va a reportar beneficios electorales, aunque la decisión de mirar para otro lado también puede convertirse en un bumerán para su propio desgaste. Conviene no olvidar que el PP logró arrancar muchos votos al PSOE tras las huelgas contra las reformas laborales del Gobierno socialista.
Por encima de los intereses de partido, el Gobierno debe atender al superior bien común que está en juego. El fin de la paz social acarreará conflictos y costes para las empresas y no es el mejor camino para sostener la moderación salarial que ha acompañado los años de crecimiento y creación de empleo. Ahora, con las Bolsas hundidas y las dudas crecientes sobre la reactivación de la economía, se hace más conveniente que nunca la reconstrucción del diálogo con los sindicatos.
La jornada de huelga general, salvo los incidentes, ni demasiado graves ni numerosos, protagonizados por los piquetes, no ha resultado especialmente conflictiva, en un ejercicio de responsabilidad de los sindicatos que no pusieron en quiebra el derecho al trabajo. Buena prueba de ello fue la normalidad ciudadana que pudo vivirse en la gran mayoría de pueblos y ciudades, donde se respetaron los servicios mínimos y abrieron con normalidad sus puertas los bancos, los comercios y los bares y restaurantes. Interpretar esto como signo de debilidad sindical y actuar en consecuencia supone el riesgo de provocar una mayor crispación nada conveniente. Más visible que los piquetes resultó la presencia policial en las calles y la contundencia con que se emplearon en ocasiones los agentes del orden. Incluso pareció excesivo el cinturón policial impresionante que rodeó las manifestaciones, pacíficas y multitudinarias. Gobierno y sindicatos, más que disputarse el balance, tienen ahora la prioridad de gestionar el día después.