El PP admitirá cambios en la reforma del desempleo tras convalidarla en solitario
El Gobierno no fue capaz de superar las reticencias de sus socios tradicionales, CiU y Coalición Canaria, y finalmente se quedó sólo con el apoyo de su partido en la convalidación del real decreto que reforma las prestaciones por desempleo, en vigor desde el pasado 20 de mayo. Los nacionalistas catalanes y canarios se abstuvieron en la votación y reconocieron que las presiones ejercidas por el Ejecutivo para verse arropado en la sesión de ayer arreciaron a comienzos de esta semana y fueron 'muy fuertes'.
Los diputados Carles Campuzano (CiU) y José Carlos Mauricio (CC) emplazaron al ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, a recuperar el diálogo con los sindicatos y condicionaron su futuro apoyo al proyecto de ley a la admisión de dos enmiendas que consideran clave: el mantenimiento de los salarios de tramitación (computables desde que se produce el despido improcedente hasta que se anuncia el fallo judicial) y la no asimilación de los trabajadores fijos discontinuos a contratados a tiempo parcial, ya que de lo contrario perderán el derecho a prestación por desempleo. Esta última reivindicación es asumida por CiU y CC en nombre de los empresarios turísticos de la Costa Brava y de las islas Canarias, respectivamente.
El ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, admitió ayer que el Gobierno está abierto a introducir cambios en el proyecto de ley. En su opinión, el decreto convalidado ayer 'es un texto útil sobre el que se puede empezar a trabajar'. El grueso de su tramitación se hará en el próximo periodo de sesiones, ya que ni siquiera por vía de urgencia da tiempo a su aprobación antes de las vacaciones de verano.
Fuentes del Grupo Parlamentario Popular incorporan al tablero de la negociación las citadas demandas nacionalistas e incluso la reforma del subsidio agrario, debido a las presiones ejercidas desde el PP andaluz y extremeño ante la cercanía de las elecciones autonómicas y locales.
Los portavoces de CiU y CC acompañaron ayer a los de todos los partidos de la oposición en bloque en el llamamiento al Gobierno para que recupere el diálogo social con los sindicatos y abandone el comportamiento 'arrogante'.
El portavoz de Economía del PSOE, Jordi Sevilla, reprochó al presidente del Gobierno, José María Aznar, ausente del debate, la 'arrogancia' y la 'concepción autoritaria' con la que, a su juicio, se está desenvolviendo en la recta final hacia la huelga general. En su opinión, Aznar ha empleado frente a la convocatoria de huelga 'la misma lógica de poder personalista y engreído que aplicó contra los rectores de Universidad, los estudiantes, los jueces, las comunidades autónomas, los inmigrantes y los obispos'.
Ley de huelga
Sevilla defendió también el plan de empleo rural, pues 'a diferencia de otras épocas' permite a los jornaleros andaluces y extremeños rechazar ofertas de trabajo 'que implican condiciones de máxima explotación laboral que el Gobierno consiente con los inmigrantes', mantuvo.
El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, amenazó al Gobierno con promover con la ayuda de los sindicatos una 'contestación social y política' sin precedentes, en caso de que después de la huelga del próximo día 20 opte por reformar el decreto-ley de 1977 que regula este derecho. El debate fue seguido desde la tribuna de invitados por media docena de dirigentes de UGT y Comisiones Obreras, entre ellos los respectivos secretarios de Acción Sindical, Antonio Ferrer y Puig-Samper. Con ellos departieron amigablemente en diferentes momentos del debate los dirigentes socialistas Jordi Sevilla, Ramón Jáuregui, Consuelo Rumí y Diego López Garrido.
Los representantes sindicales escucharon también como el ministro de Trabajo les culpaba de la ruptura del diálogo social. Aparicio también reprochó a CiU y Coalición Canaria su abstención. A los nacionalistas catalanes y canarios les recordó que en sus respectivas comunidades el número de ocupados ha crecido más de medio millón de personas desde que gobierna el PP.
Para rebatir el discurso de Sevilla, Aparicio recuperó la estadística sobre la evolución del empleo en la etapa de Gobiernos socialistas e incluso llegó a recordar las 'amnistías fiscales' de entonces, 'a las que nosotros no hemos recurrido. '¿Se hicieron pensando en los parados andaluces o extremeños? ¿Quién trata mejor a las rentas más altas?, preguntó.