Los sindicatos niegan que los parados rechazaran 400.000 empleos en 2001
Trabajo precisó ayer que no todos estos rechazos fueron injustificados, pero no quiso facilitar cuántos de estos parados habrían perdido la prestación con la nueva regulación.
El secretario general de Empleo, Juan Chozas, explicó ayer que detrás de las 400.000 ofertas de empleo rechazadas por parados inscritos en el Inem el pasado año 'no hubo siempre actuaciones negligentes' por parte del desempleado. Estos rechazos estuvieron provocados por 'un sinnúmero de causas', por lo que no todos los rechazos fueron injustificados, insistió Chozas.
De hecho, no todas las ofertas tuvieron sanciones, según el responsable de Trabajo, quien recordó que el pasado año se retiró la prestación a 124.000 empleados por rechazar ofertas o cometer alguna infracción.
No obstante, el Ministerio de Trabajo no quiso aclarar ayer cuántos parados que rechazaron esas 400.000 ofertas de empleo habrían perdido la prestación con la nueva regulación de la protección por desempleo. La ley fija ahora una definición más estricta de lo que es una oferta adecuada de empleo, traslada a los funcionarios del Inem la potestad para determinar si la oferta debe ser o no acertada y retira la prestación al tercer rechazo injustificado.
Sin embargo, los máximos líderes sindicales cuestionaron ayer estos datos de Trabajo. El secretario general de CC OO, José María Fidalgo, indicó que le 'gustaría ver certificadas por el Inem' las 400.000 ofertas rechazadas. Y, en cualquier caso, recordó al Gobierno que con la legislación anterior, los parados con prestación tenían derecho a rechazar las ofertas que consideraran inadecuadas, 'cosa que no va a ocurrir ahora', dijo Fidalgo.
El secretario general de UGT, Cándido Méndez también tachó de 'poco fiables' los datos de las ofertas rechazadas. 'La única cifra que no admite discusión', explicó, 'es que el año pasado sólo se abrieron 1.830 expedientes por negativas a aceptar ofertas de empleo'.
Reformar los convenios
Méndez, además, dijo ayer en Sevilla que a los sindicatos les produce 'inquietud' que el Gobierno vaya a tramitar la reforma de las prestaciones por desempleo por la vía parlamentaria como proyecto de ley.
Según Méndez, con esta estrategia el Gobierno no pretende tan sólo enmendar 'el error' del 'decretazo', sino aprovechar el trámite para incluir la reforma de los convenios colectivos que el año pasado no consiguió sacar adelante 'y tuvieron que guardarse en el cajón'.
En opinión del secretario general de UGT, el uso de la vía del proyecto de ley no garantiza que la medida se mejore; 'es más', dijo, 'como sucede con la Ley de Murphy, es susceptible de empeorar'.
Cándido Méndez acusó directamente al presidente del Gobierno, José María Aznar, de utilizar el decretazo como una 'clara provocación' a los sindicatos para demostrar a los gobiernos conservadores europeos 'que es el número uno en el recorte de los derechos de los ciudadanos y ganarse su apoyo para ocupar la primera presidencia del Consejo Permanente de la Comisión Europea'.
El próximo lunes se registrará la huelga en el Ministerio de Trabajo y los sindicatos tratarán de negociar con el Gobierno los servicios mínimos a cumplir en la huelga general del próximo 20 de junio. Méndez dejó claro que en ningún caso las centrales van a aceptar unos servicios mínimos propios de una huelga sectorial 'en la que hay que garantizar el derecho al trabajo de los colectivos que no están convocados a la huelga, aquí todos los ciudadanos están convocados', dijo.
A este respecto, el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, apeló a la responsabilidad de 'máximas autoridades locales y autonómicas y, en particular, a la del presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, 'que ha sido ministro de Trabajo, que conoce perfectamente la necesidad de servicios mínimos que garanticen la normalidad del resto de derechos constitucionales', como al trabajo, a la seguridad o a la libre circulación.
Así, confió en que de esta reunión 'surja un plan de servicios' que permita que se desarrolle con normalidad lo que será 'tal vez el acontecimiento más importante desde el año 1992, que pueda reflejar una imagen cierta de Sevilla'.
Nueva amenaza en Italia
El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi convocó ayer con urgencia a los sindicatos para tratar de reabrir el diálogo social y se encontró con un ultimátum y la amenaza de una segunda huelga general. 'Tenemos la voluntad de encontrar soluciones', reiteró. E insinuó la posibilidad de cambiar la reforma que flexibiliza los despidos y que los sindicatos contestaron hace 15 días con una huelga general que paralizó el país.