El día después de la huelga
El Gobierno ha decidido responder a la huelga general convocada por los sindicatos con la aprobación por decreto de la reforma del desempleo. Si la acusación inicial era que los sindicatos carecían de voluntad de diálogo, la medida gubernamental desvela que tampoco el Ejecutivo tenía más interés negociador que una escenografía dirigida a la aceptación del proyecto. Los sindicatos argumentan que la convocatoria de paro obedece a una cuestión de principio, porque un derecho básico no puede ser transformado en concesión administrativa. Frente a ello, el Ejecutivo ha esgrimido el principio de autoridad.
La astucia de Aznar ha consistido en convertir el conflicto entre Gobierno y sindicatos en un problema político con incidencia electoral. Si la huelga no fuera un éxito, obtendría un doble triunfo, con el PSOE como perdedor añadido, partido al que acusa por activa y pasiva de instigador de la protesta. Y si el paro tuviera éxito, habría una oportunidad de volver a repartir las cartas. Este salto tiene un doble peligro. Por un lado, transformar la disputa en un desafío representa echar a un lado los beneficios que la paz social ha reportado al Gobierno. Por otro, coloca a los sindicatos en un callejón sin salida, porque si perdieran el envite no podrían sino graduar la escalada del conflicto y si ganaran tendrían que buscar una compensación alternativa a su triunfo, porque la reforma que contestan es ya un hecho consumado.
Con voz tímida, la postura más sensata la han expresado los empresarios a través de la patronal CEOE. Las empresas son las que mejor valoran los beneficios de la ausencia de conflictividad y la moderación salarial que han prevalecido en los últimos seis años, y que son una de las claves del éxito de la creación de empleo y del crecimiento económico. Aunque nadie insiste en este punto, la reforma del Gobierno beneficia especialmente a las empresas, porque al eliminar los salarios de tramitación se abarata el despido en más de la mitad para los contratos de hasta dos años de antigüedad, la gran mayoría. Pero los empresarios estiman que ese beneficio puede quedarse pequeño si la contrapartida es el conflicto en las empresas. Analizan también con preocupación el impacto de la reforma en el sistema de trabajo eventual o de fijos discontinuos, que es la tónica en el sector turístico y en la construcción, entre otros. La combinación de periodo activo con meses de paro subsidiado funciona y alterarla es un peligro.
El problema no es la jornada de huelga ni la calificación de antiespañoles a los que la convocan -curioso cambio de percepción de Aznar cuando sus interlocutores no pactan-, sino el día después. El Gobierno está obligado a tomar medidas eficaces en beneficio de todos y no a responder al desacuerdo como si de un reto se tratara. Sobre todo cuando están vigentes otros muchos pactos, como el de moderación salarial, también decisivos para la creación de empleo.